Día: 10 de febrero de 2025

En respuesta a las acusaciones de Marcelo Claure sobre supuestas represalias políticas, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, cuestionó públicamente al empresario: “¿Por qué no tendría que cumplir la parte tributaria del club Bolívar?”. Cazón confirmó que la deuda de 307 mil bolivianos del club está en estrados judiciales tras una impugnación, y defendió la fiscalización a entidades vinculadas, negando que se trate de una persecución política.

En el 244 aniversario de la Gesta Libertaria de Oruro, el presidente Luis Arce afirmó que su gobierno trabaja “pese a quien le pese” para resolver los problemas de manera estructural y avanzar en la industrialización del país. Sin embargo, la realidad en las calles refleja una crisis palpable: escasez de combustible que obliga a los transportistas a improvisar, precios de la canasta familiar en constante alza e incertidumbre por la falta de dólares. Mientras Arce culpa a la oposición por bloquear financiamientos externos, la población enfrenta el impacto directo de una economía asfixiada.

La disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ha encendido el debate en Bolivia al autorizar el decomiso de mercancías como medida para combatir el contrabando. Aunque busca garantizar productos de calidad en el mercado y redistribuir bienes a instituciones públicas, su implementación genera incertidumbre entre comerciantes e inversores, quienes temen un impacto negativo en la producción, el empleo y los precios para los consumidores más vulnerables.