En medio de la creciente controversia entre Marcelo Claure y el Gobierno boliviano, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, defendió la legitimidad de las acciones fiscales contra el club Bolívar y sus entidades vinculadas. “¿Por qué no tendría que cumplir la parte tributaria del club Bolívar?”, cuestionó Cazón, al referirse a la deuda de 307 mil bolivianos que la institución mantiene desde 2012, actualmente en proceso judicial tras ser impugnada por el contribuyente. Según Cazón, el proceso se ha desarrollado en el marco del respeto al derecho a la defensa del club, evitando cualquier tipo de arbitrariedad en la actuación del SIN.
El conflicto escaló luego de que Claure denunciara públicamente que las fiscalizaciones responden a una “revancha” por sus críticas hacia el Gobierno, sugiriendo un uso político de la administración tributaria. Sin embargo, Cazón rechazó estas acusaciones y explicó que la fiscalización actual no se limita al club Bolívar como entidad deportiva sin fines de lucro, sino que se extiende a otras empresas vinculadas que operan bajo estructuras comerciales, como sociedades de responsabilidad limitada (SRL). Entre ellas, mencionó a Baisa, la firma encargada de la gestión administrativa del club desde 2008, además de Bolívar 1935, dedicada a proyectos inmobiliarios, y Profútbol, que opera academias deportivas en Santa Cruz.
Desde una perspectiva tributaria, el SIN sostiene que la obligación fiscal es ineludible para todas las entidades, independientemente de su naturaleza jurídica o de sus vínculos con el ámbito deportivo. Cazón subrayó que la normativa boliviana no exime a los clubes de fútbol de cumplir con sus compromisos impositivos, especialmente cuando existen operaciones comerciales asociadas, como la venta de derechos de imagen, merchandising, y contratos de patrocinio, que generan ingresos gravables. Asimismo, aclaró que la fiscalización se realiza en función de criterios técnicos, como inconsistencias en la declaración de impuestos o indicios de evasión, y no por motivaciones políticas.
Este caso pone en evidencia un debate recurrente en Bolivia sobre la relación entre fiscalización tributaria y figuras públicas influyentes. Si bien Claure sostiene que enfrenta un hostigamiento fiscal por sus posturas críticas, el SIN argumenta que las revisiones responden a procedimientos regulares que buscan garantizar la equidad tributaria. En definitiva, la controversia no solo refleja la tensión entre el empresario y el Gobierno, sino que también reabre la discusión sobre la transparencia en la gestión tributaria y la responsabilidad fiscal de entidades deportivas en el país.
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Redaccion central y agencias
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