La disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 establece el decomiso de mercancías como una herramienta clave para frenar el contrabando en Bolivia. Esta medida permite que los bienes incautados sean adjudicados a instituciones públicas, como hospitales y escuelas, o subastados para generar recursos. Con ello, el Gobierno busca no solo reducir el ingreso de productos ilegales al país, sino también asegurar que los consumidores accedan a bienes de calidad, fortaleciendo la economía formal y apoyando a organizaciones que requieren recursos esenciales.
Sin embargo, la implementación de esta política ha generado preocupación entre los productores, importadores y comerciantes formales. El temor radica en que la falta de directrices claras sobre los criterios para el decomiso podría afectar a quienes operan legalmente, generando un clima de incertidumbre que desincentiva la inversión y la actividad comercial. Además, existe el riesgo de que la reducción en la oferta de ciertos productos, resultado de decomisos excesivos o arbitrarios, provoque un aumento en los precios, afectando especialmente a los consumidores de menores ingresos.
El impacto potencial sobre la economía también se refleja en la relación con los pequeños comerciantes, quienes dependen de la venta de productos importados para su sustento. La burocracia asociada al proceso de decomiso podría representar una carga adicional para estos actores, limitando su capacidad de adaptación y crecimiento. Esto según analistas, podría generar un efecto contrario al deseado, incentivando prácticas informales como mecanismo de supervivencia económica, lo que a largo plazo socavaría los esfuerzos por formalizar el comercio y fortalecer la economía nacional.
Para mitigar estos efectos, es crucial que el Gobierno promueva un diálogo abierto, con los sectores productivos y comerciales, garantizando la participación de todos los actores en el diseño e implementación de la política. Asimismo, se requieren directrices claras y transparentes que definan con precisión los procedimientos de decomiso, minimizando el riesgo de interpretaciones arbitrarias o subjetivas. Complementariamente, el fomento a la producción nacional mediante incentivos y el apoyo técnico y financiero a los pequeños comerciantes podrían equilibrar los efectos de la medida, contribuyendo a un entorno económico más justo, dinámico y resiliente.
Si bien algunos sectores empresariales apoyan la movilización, empero también se sienten afectados con las pérdidas de las movilizaciones que ahondan la crisis de la economía formal que cumple con el pago de los impuestos y demás obligaciones establecidas.
Redaccion central
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