La sesión parlamentaria se extendió por más de 11 horas y estuvo marcada por intensos cruces entre el oficialismo y la oposición. Mientras que los defensores del proyecto lo consideran un avance en la lucha contra la corrupción y la transparencia electoral, sectores de la oposición, especialmente el bloque Unión por la Patria y la izquierda, denunciaron que se trata de una herramienta de proscripción política dirigida contra figuras como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El proyecto establece la inhabilitación para competir en elecciones a aquellas personas con condenas firmes en segunda instancia por delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito. También prevé la creación de un registro público con los antecedentes de quienes sean alcanzados por la normativa, lo que generó preocupación en sectores que advierten posibles vulneraciones al principio de inocencia.
Desde el oficialismo, la medida fue celebrada como un hito en la lucha contra la corrupción y una respuesta a la demanda ciudadana por una política más ética. Sin embargo, críticos advierten que la norma podría usarse de forma discrecional para condicionar la competencia electoral, especialmente en un contexto de creciente polarización política en Argentina.
Con la aprobación en Diputados, el debate ahora se traslada al Senado, donde la iniciativa enfrenta un panorama más complejo. Se espera que las discusiones sean igual de acaloradas, con un desenlace aún incierto que podría definir el futuro de la política argentina en los próximos años.
Redaccion central y agencias
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