El despliegue comunicacional del Gobierno sobre los contratos del litio ha cobrado mayor intensidad en los últimos días, tras la decisión de suspender su tratamiento en la Cámara de Diputados. A través de spots televisivos y espacios en medios de alta audiencia, se busca resaltar las ventajas de los acuerdos firmados con empresas extranjeras. Sin embargo, esta estrategia ha sido cuestionada por sectores de la oposición, que consideran que el Ejecutivo está priorizando una campaña de persuasión en lugar de una verdadera socialización de los contratos.
Líderes opositores han criticado que el gasto en propaganda no responde a un criterio de comunicación claro ni a objetivos definidos que permitan un debate informado. Sostienen que, en lugar de invertir recursos en promocionar los contratos sin discusión pública, el Gobierno debería abrir espacios de socialización con diferentes sectores de la sociedad. Para ellos, la falta de información detallada sobre los términos de los acuerdos genera incertidumbre y sospechas sobre el manejo del recurso estratégico.
En este contexto, la exigencia de socializar los contratos antes de su tratamiento legislativo cobra mayor relevancia. Desde distintos sectores han planteado la necesidad de que se realicen foros y consultas públicas que permitan a la ciudadanía conocer a profundidad los alcances de los acuerdos y su impacto en el país. La discusión sobre el litio sigue generando debate, y la forma en que el Gobierno pretende persuadir comunicacionalmente genera dudas sobre su verdadero propósito.
Redacción central y agencias
Portada Comunicación del EPB
About Author
