Paz fue directo en su mensaje: Bolivia dejará de comprar diésel caro para venderlo barato mediante la subvención. El nuevo precio será igual al costo internacional y, por tanto, podrá subir o bajar según las cotizaciones externas. El propio mandatario explicó que si el precio internacional baja, también bajará el precio interno. La decisión representa un cambio sustancial frente al esquema anterior, en el que el Estado absorbía la diferencia para mantener un precio interno menor.
El Gobierno pretende trasladar parte de los recursos que ya no destinará a la subvención hacia medidas de protección y actividad económica. El Bono PEPE 2 alcanzará, según el anuncio presidencial, a unos 2,9 millones de bolivianos y tendrá un costo de Bs 874 millones. También se anunció hasta Bs 800 millones en créditos con condiciones preferenciales, con una tasa anual cercana al 6%, dirigidos a transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y sectores productivos para capital operativo o inversión.
En educación, Paz anunció que el Bono Juancito Pinto subirá de Bs 200 a Bs 300 por estudiante. El incremento ya había sido informado para la gestión 2026 y beneficia a más de 2,2 millones de estudiantes; el mensaje presidencial ratifica ahora el monto de Bs 300 como parte del paquete asociado al retiro de la subvención.
El paquete también contempla mayor flexibilidad para acceder al crédito de vivienda social y al crédito productivo, apoyo financiero para que gobernaciones, municipios y autonomías indígenas puedan readecuar sus finanzas, y créditos directos a productores por montos de entre Bs 50.000 y Bs 400.000. A esto se suma la eliminación de impuestos de importación para determinados bienes destinados a actividades productivas, entre ellos insumos, semillas, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales.
En materia de empleo, el Gobierno anunció un plan de enlosetado de calles y avenidas con la meta de generar más de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos. También señaló que continuará la devolución de depósitos de ahorristas que tenían recursos en dólares en los bancos, con el argumento de que esos fondos puedan utilizarse posteriormente en inversiones.
El llamado “perdonazo tributario” también aparece en el paquete. Paz anunció una ampliación de 120 días y EL DEBER señala que la medida alcanzará a más de 200.000 contribuyentes. Sin embargo, aquí hay que hacer una precisión: la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026 ya había sido establecida dos días antes mediante el Decreto Supremo 5708. La Ley 1733 de Alivio Tributario contempla, entre otros beneficios, la condonación del 100% de intereses y multas para determinadas deudas inferiores a Bs 10 millones, una reducción del 50% del mantenimiento de valor cuando corresponde al pago al contado y facilidades de pago de hasta 36 cuotas.
La magnitud del cambio está en otra parte: el diésel deja de tener un precio protegido por la subvención y pasa a estar expuesto al precio internacional. Eso significa que el costo para el consumidor ya no será una cifra fijada exclusivamente por el Estado, sino que podrá variar según las condiciones externas. La contracara anunciada por Paz es que los recursos liberados deberán convertirse en bonos, crédito, infraestructura, producción y empleo.
El anuncio llega además el mismo día en que el Legislativo sancionó el financiamiento de $us 1.900 millones con el FMI. Paz sostiene que esos recursos están destinados a estabilizar, fortalecer y desarrollar la economía y no simplemente a gastarlos. El programa económico acordado con el organismo internacional contempla reformas sobre el régimen de combustibles, mientras el Gobierno presenta ahora el retiro de la subvención al diésel como una decisión interna acompañada de mecanismos de protección y estímulo productivo.
La pregunta que queda abierta es cómo reaccionarán los precios del transporte, la producción y los alimentos ante un diésel que seguirá las cotizaciones internacionales y, al mismo tiempo, si los bonos, créditos e inversiones anunciados conseguirán compensar efectivamente el impacto sobre las familias y las actividades que dependen del combustible. La respuesta estará menos en el discurso y más en la aplicación concreta de estas medidas.
Por Equipo de redacción
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