La eliminación de la subvención resuelve una parte del problema: el Estado deja de comprar combustible caro para venderlo internamente a un precio artificialmente bajo. Ese esquema había generado una pesada carga fiscal y también incentivos para el contrabando y el desvío de combustible. El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que los recursos liberados podrán dirigirse a salud, educación, carreteras, bonos y créditos productivos.
Pero eliminar la subvención no significa eliminar el riesgo. Significa cambiar quién lo absorbe.
Hasta ahora, una parte importante del costo estaba en las cuentas del Estado. Con el nuevo mecanismo, el precio del diésel queda ligado al costo internacional de importación, mediante un esquema basado en el Precio de Paridad de Importación. En otras palabras, Bolivia deja de esconder parte del costo real del combustible, pero queda más expuesta a la volatilidad externa.
Y aquí aparece la advertencia del economista Gonzalo Chávez. Su planteamiento parte de una premisa distinta a la vieja discusión de “subsidio sí o subsidio no”: el precio debe reconocer el costo real de la energía, pero un shock extraordinario no necesariamente debería trasladarse de golpe y completo al consumidor.
La diferencia es fundamental.
Si una guerra en Medio Oriente eleva el petróleo, Bolivia no puede detener el misil ni controlar el precio internacional. Pero sí puede decidir cuánto de ese impacto absorbe inmediatamente el surtidor y cuánto se amortigua temporalmente mediante una política diseñada para enfrentar shocks.
Chávez propone precisamente esa tercera vía: Precio de Referencia, Banda de Estabilización, Fondo y Token de Energía. La idea es que el mercado determine el precio de referencia, mientras una banda permita amortiguar variaciones extraordinarias y un fondo acumule recursos para enfrentar períodos de precios internacionales elevados. La ayuda estatal, en lugar de abaratar el combustible para todos, se dirigiría a quienes realmente necesiten protección.
La discusión cambia entonces de naturaleza.
Ya no se trata de volver al antiguo combustible barato para todos. Tampoco necesariamente de aceptar que cada movimiento del petróleo internacional se convierta automáticamente en una factura para la economía boliviana.
Se trata de responder quién absorbe el shock.
Porque un camionero, un productor agrícola o un transportista no compra petróleo en Nueva York ni participa en una guerra en Medio Oriente. Pero el precio internacional termina entrando en su tanque y, después, en el costo de transportar alimentos, pasajeros y mercancías.
Ese costo finalmente llega a la familia.
Por eso la frase de Chávez —“Mercado al surtidor. Guerra al Fondo. Subsidio a la gente”— abre una discusión que va más allá del diésel. Propone pasar de un subsidio generalizado al combustible a una protección focalizada de las personas, mientras se crea un mecanismo para amortiguar los shocks internacionales.
La propuesta también tiene un desafío evidente: un Fondo de Estabilización no puede convertirse en otra subvención disfrazada. Necesitaría reglas claras sobre cuándo se activa, cuánto acumula, de dónde salen sus recursos, cuánto puede gastar y quién controla sus cuentas. De lo contrario, Bolivia simplemente cambiaría el nombre del problema.
El Gobierno ha elegido una dirección clara: precio internacional y menos carga fiscal para el Estado. Chávez pone sobre la mesa la pregunta que viene después: ¿cómo evitar que el precio real termine convirtiéndose en un golpe demasiado grande para una economía cuyos ingresos familiares no tienen la misma capacidad de ajustarse que los mercados internacionales?
Bolivia necesitaba sincerar el costo del combustible. Ahora necesita discutir cómo administrar el riesgo.
Porque la subvención podía ser una distorsión. Pero un mercado sin amortiguadores también puede convertirse en una vulnerabilidad.
Por Equipo de redacción
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