El Gobierno de Rodrigo Paz eliminó desde este sábado la subvención al diésel y estableció inicialmente un precio de Bs 17,95 por litro, vinculado al costo internacional de importación. El Presidente sostuvo que la decisión permitirá garantizar el abastecimiento permanente, 24 horas al día y siete días a la semana, además de liberar recursos que antes se destinaban a la subvención.
Pero la primera jornada muestra que el cambio de precio no produjo automáticamente el cambio esperado en la calle. Mientras continúan las filas en algunos puntos, el transporte comenzó a reaccionar ante el salto de sus costos. En Potosí, el transporte masivo decidió replegar sus movilidades hasta analizar una nueva escala tarifaria. En Sucre también hubo repliegue y el Sindicato de Micros San Cristóbal anunció un pasaje de Bs 6 para mayores, frente a los Bs 3 anteriores.
En La Paz y El Alto, en cambio, los minibuses mantuvieron este sábado sus tarifas, aunque los choferes se declararon en emergencia. En Cochabamba, el transporte federado también asumió esa posición y anticipó que el costo del combustible tendrá consecuencias sobre las tarifas.
La dirigencia nacional del transporte ya anunció un ampliado para este lunes. Los choferes exigen la abrogación del Decreto Supremo 5716 y advierten con medidas de presión si el Gobierno no retrocede.
La reacción política tampoco es uniforme. Samuel Doria Medina cuestionó la decisión y sostuvo que el Gobierno debería negociar subsidios directos al transporte para contener el incremento de pasajes y fletes. Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, respaldó la eliminación de la subvención, aunque pidió mantener un respaldo focalizado al transporte público con orden y transparencia.
Ahí aparece la verdadera prueba de la medida. El Gobierno argumenta que el precio subsidiado generaba escasez, contrabando y una enorme carga fiscal. La nueva fórmula pretende que el precio interno refleje el costo internacional y, con ello, asegurar la importación y disponibilidad del carburante.
Pero para quien conduce una cisterna, un camión o un minibús, la teoría se transforma en una cuenta muy sencilla: más dinero para llenar el tanque, más presión sobre el costo del viaje y, si además hay que hacer cola, más tiempo perdido.
Por eso la pregunta cambia. Ya no es solamente cuánto le costaba al Estado mantener la subvención. Ahora habrá que observar cuánto le costará a la economía boliviana la transición hacia el precio internacional y, sobre todo, si el combustible efectivamente estará disponible cuando el transportista tenga el dinero para comprarlo.
Porque el Gobierno prometió abastecimiento permanente. Y la primera prueba no está en el discurso ni en el decreto: está en el surtidor.
Por Equipo de redacción
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