Un asambleísta no fue elegido solamente para ocupar una curul. Su mandato implica legislar, fiscalizar y representar. Por eso, medir su desempeño únicamente por el número de leyes presentadas tampoco sería suficiente. Hay que mirar asistencia, participación, fiscalización, pedidos de informe, iniciativas legislativas y, sobre todo, qué hizo frente a los problemas de la circunscripción que le confió su voto.
La experiencia internacional muestra caminos diferentes. En Reino Unido, por ejemplo, los electores pueden provocar una elección de reemplazo mediante un recall, pero solo cuando se cumplen causales específicas y si la petición alcanza al 10% del electorado de la circunscripción. En América Latina, países como Ecuador, Perú y Bolivia cuentan con mecanismos de revocatoria, aunque con requisitos y momentos distintos. No existe, por tanto, una fórmula universal de “seis meses y afuera”.
Bolivia podría discutir algo más sencillo y preventivo: una rendición anual de cuentas de cada diputado y senador. Una ficha pública, actualizada y verificable, que muestre asistencia, trabajo legislativo, fiscalización y gestión de representación. Sin encuestas de popularidad ni rankings políticos: datos, documentos y explicación pública.
La consecuencia sería el punto más delicado. Una evaluación negativa podría obligar a una audiencia de rendición de cuentas o activar un procedimiento ciudadano de revisión. Y si se quisiera llegar a la pérdida del mandato antes de la mitad del período, habría que modificar el actual régimen constitucional de revocatoria.
Porque la discusión de fondo no es convertir al parlamentario en un empleado con una cuota de producción. Es algo más elemental: si el voto entrega poder, el ejercicio de ese poder debería rendir cuentas periódicamente.
El ciudadano vota una vez, pero la representación dura años.
Por Equipo de redacción
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