El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha sido cuestionado nuevamente por su manejo de los tiempos y procedimientos en el marco de las elecciones generales de agosto de 2025. En su más reciente pronunciamiento, el Frente Para la Victoria (FPV) denunció que el organismo no cumplió con los plazos establecidos para responder sobre la validación de su nueva directiva, lo que, según el partido, debería implicar su registro automático.
Más allá de este caso puntual, la reiterada ampliación de plazos por parte del TSE ha generado preocupación entre distintos sectores políticos. La falta de un calendario electoral claro y definitivo afecta la credibilidad del proceso, dando lugar a sospechas sobre posibles sesgos en la administración de la contienda electoral.
“El Frente Para la Victoria está plenamente habilitado para participar en las elecciones nacionales del 17 de agosto de 2025, a pesar de las decisiones políticas del TSE”, señala el comunicado del partido, poniendo en entredicho la transparencia del órgano electoral.
Si bien el TSE ha justificado la flexibilización de plazos como una medida para facilitar la participación democrática, su uso recurrente podría interpretarse como una estrategia de dilación que beneficia o perjudica a determinadas organizaciones políticas. En un contexto de creciente desconfianza en las instituciones, la falta de reglas claras y su aplicación desigual pueden afectar la legitimidad del proceso electoral y el resultado de los comicios.
Redacción central y agencias
About Author
