El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, confirmó que la empresa estatal no puede garantizar el abastecimiento pleno de combustibles debido a la falta de divisas para realizar pagos internacionales. Como consecuencia, cerca de 500 cisternas con diésel permanecen varadas en el puerto de Arica, Chile, a la espera de que el Estado boliviano cumpla con los compromisos financieros necesarios para su traslado al país.
Esta situación ha generado preocupación en sectores estratégicos como el minero y el agroindustrial, que dependen del diésel para continuar sus operaciones. La agroindustria, en particular, advirtió que el desabastecimiento podría afectar la producción y exportación de alimentos, con impactos negativos en la economía nacional.
Para paliar la crisis, YPFB ha propuesto una solución temporal: la importación de combustibles a precio internacional, dirigida principalmente a sectores productivos como el cooperativismo minero. Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, reconoció que esta medida no resolverá el problema estructural y que, por ahora, solo se está cubriendo entre el 40% y 50% de la demanda.
A nivel político, el Gobierno ha responsabilizado a la Asamblea Legislativa por no aprobar créditos por más de 1.667 millones de dólares, de los cuales al menos 500 millones serían de libre disponibilidad y podrían usarse para mitigar la crisis. En contraste, sectores opositores y críticos dentro del propio oficialismo acusan al Ejecutivo de una mala gestión económica que ha llevado al país a la actual situación.
La crisis del combustible no solo ha generado largas filas en las estaciones de servicio, sino que también ha provocado protestas y bloqueos, como el instalado por los interculturales de Yapacaní, quienes exigen una solución inmediata. Con un panorama incierto y una creciente presión de distintos sectores, el Gobierno enfrenta un desafío complejo que pone a prueba su capacidad de gestión y negociación en medio de una economía debilitada.
Redaccion central y agencias
About Author
