Bolivia se encuentra nuevamente en el ojo de la comunidad internacional, no por sus riquezas naturales o su diversidad cultural, sino por una deuda de 772.364 dólares con las Naciones Unidas (ONU) que le ha costado su derecho al voto en la Asamblea General. Según datos oficiales de la ONU, Bolivia, junto a países como Afganistán, Congo, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe, y Venezuela, no ha cumplido con las cuotas financieras establecidas para sostener las operaciones de la organización. Este impago, que supera el monto equivalente a dos años de aportes, activa el Artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas, dejando al país sin voz en uno de los foros más importantes del mundo.
El impago de Bolivia no es un hecho aislado, sino un reflejo de las complejidades económicas y políticas que atraviesa el país. Desde la crisis política de 2019, Bolivia ha enfrentado una economía debilitada, agravada por la caída de los precios de las materias primas, la inestabilidad cambiaria y las tensiones internas entre facciones políticas. La deuda con la ONU, aunque pequeña en comparación con otros compromisos internacionales, pone en evidencia las prioridades del gobierno actual y su capacidad para cumplir con obligaciones básicas en el ámbito multilateral. Mientras tanto, la ausencia de un pronunciamiento oficial de la Cancillería boliviana genera especulaciones: ¿es esto un descuido administrativo, una decisión deliberada o simplemente el resultado de una falta de liquidez?
La sanción impuesta por la ONU, aunque significativa, no es irreversible. La Asamblea General podría restituir el voto de Bolivia si el país demuestra que el impago responde a «circunstancias fuera de su control». Sin embargo, hasta ahora, no hay indicios públicos de que el gobierno de Luis Arce haya solicitado esta excepción ni presentado un plan claro para saldar la deuda. Esta pasividad contrasta con la postura histórica de Bolivia en la ONU, donde ha defendido con vehemencia su soberanía y los derechos de los pueblos indígenas en foros internacionales. Perder el voto, aunque sea temporalmente, limita su capacidad de influir en resoluciones que podrían beneficiar sus intereses, como las relacionadas con el cambio climático o el desarrollo sostenible.
Redaccion central y agencias
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