El pleno de la Cámara de Senadores de Bolivia sancionó este martes un proyecto de ley que autoriza un crédito de 75 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El financiamiento está destinado a atender emergencias derivadas de desastres naturales y fortalecer la gestión de riesgos climáticos en el país. La norma, aprobada en sus estaciones en grande y en detalle tras una extensa sesión, fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación, según anunció el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
La sesión contó con la participación de los ministros de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y de Economía, Marcelo Montenegro, quienes explicaron los alcances del proyecto ante los senadores. Este crédito, cuya aprobación en la Cámara de Diputados se dio en octubre de 2024, busca responder a la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos en Bolivia, como inundaciones, sequías e incendios forestales, que han afectado a regiones como el Beni, la Chiquitania y el altiplano en los últimos años.
El préstamo forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para enfrentar los impactos del cambio climático. Aunque no se han detallado públicamente los proyectos específicos que se financiarán, se espera que los recursos se destinen a la movilización de equipos de emergencia, la adquisición de maquinaria y la atención a comunidades afectadas. Este esfuerzo se suma a otro crédito en discusión, de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aún pendiente de aprobación en el Senado, lo que refleja la búsqueda de múltiples fuentes de financiamiento externo para este fin.
Sin embargo, la aprobación del crédito no está exenta de debate. Si bien es una herramienta clave para mitigar los efectos de desastres naturales, la falta de transparencia en la ejecución de fondos similares en el pasado genera preocupación. Bolivia, con una deuda externa superior a los 13 mil millones de dólares, enfrenta el desafío de justificar cada nuevo préstamo con resultados concretos, especialmente en un contexto de dificultades económicas marcadas por la escasez de divisas y problemas en el suministro de combustibles.
Expertos y sectores críticos coinciden en que el gobierno deberá priorizar la rendición de cuentas en el uso de estos 75 millones de dólares. Publicar un desglose detallado de los rubros, establecer cronogramas claros y someter la gestión a auditorías independientes son medidas que podrían garantizar que los fondos cumplan su propósito sin alimentar sospechas de mal manejo. La CAF, como prestamista, también exigirá estándares de seguimiento, pero la responsabilidad de transparentar recae en el Ejecutivo.
La promulgación de la ley marcará el inicio de su implementación. Si los recursos se gestionan eficazmente, podrían reducir significativamente las pérdidas humanas y económicas en futuras emergencias climáticas. De lo contrario, el crédito corre el riesgo de sumarse a las críticas sobre el endeudamiento externo sin beneficios tangibles para la población. En un país donde la resiliencia climática es una necesidad urgente, la transparencia será tan crucial como los propios fondos.
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