La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) enfrenta nuevamente cuestionamientos tras la anulación en 2024 de un contrato de suministro de combustibles adjudicado a Petroperú, la petrolera estatal peruana, para favorecer a Botrading S.A., una filial de YPFB registrada en Paraguay. Según documentos obtenidos por Brújula Digital, esta decisión implicó precios más elevados que los ofrecidos por Petroperú, desatando sospechas sobre la transparencia y la lógica económica detrás del movimiento.
Botrading, creada en 2023 con el supuesto objetivo de romper el monopolio de traders extranjeros y reducir costos, ha sido defendida por el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien asegura que la empresa ha ahorrado más de 30 millones de dólares al Estado. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Legisladores como Carlos Alarcón y Luciana Campero han denunciado posibles sobreprecios, apuntando a casos como los 6,47 millones de dólares adicionales pagados en 2023 por crudo argentino y diésel. Hasta la fecha, no existe una auditoría independiente que respalde las cifras oficiales, lo que deja en el aire la veracidad de los ahorros proclamados.
El registro de Botrading en Paraguay añade más interrogantes. Aunque YPFB la presenta como una filial de sus subsidiarias Refinación y Logística, su constitución fuera de Bolivia no parece haber pasado por un proceso claro de aprobación legislativa o ejecutiva, según lo estipulado en la Ley 466 de Empresas Públicas. ¿Tiene YPFB la facultad de crear entidades en el extranjero sin rendir cuentas claras? La ausencia de respuestas oficiales ha llevado a especular sobre posibles intentos de evadir controles bolivianos.
Mientras la crisis de combustibles persiste, con filas en surtidores y un creciente malestar ciudadano, el caso Botrading pone en evidencia la necesidad de una investigación seria. La Contraloría General del Estado, que debería fiscalizar estos movimientos, guarda silencio, y la Asamblea Legislativa, enfrascada en disputas políticas, no muestra señales de priorizar el tema. El Ministerio Público, por su parte, podría actuar de oficio ante los indicios de irregularidades, pero hasta ahora no lo ha hecho.
Como reveló Brújula Digital, la preferencia por Botrading sobre Petroperú no solo contradice la narrativa de ahorro, sino que plantea una pregunta mayor: ¿qué intereses se esconden tras esta polémica filial? Sin una auditoría externa o una denuncia formal que fuerce la acción institucional, el caso corre el riesgo de quedar en el limbo, mientras Bolivia sigue pagando el costo de la opacidad.
Redaccion central y Brújula Dijital
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