El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, defendió este domingo la creación de Botrading, una empresa estatal formada por YPFB-Refinación y YPFB Logística, como una estrategia clave para abaratar la importación de combustibles. Según Dorgathen, Botrading suministra entre el 10% y el 15% de los combustibles del país, logrando un ahorro de 200 dólares por barril, lo que habría generado un beneficio de 20 millones de dólares para la estatal petrolera. Sin embargo, persisten dudas sobre la transparencia de estas cifras y la legalidad de su estructura operativa.
Dorgathen explicó que Botrading, creada para competir con proveedores privados como Trafigura y Vitor, opera como un «trader» en el mercado internacional, seleccionando las mejores ofertas disponibles. “Tener una empresa ágil que oferte a la empresa grande ha sido muy importante y ha generado muchos beneficios para el país”, afirmó en una entrevista al canal estatal. El titular de YPFB también desestimó las denuncias de irregularidades en la anulación de un contrato con Petroperú en septiembre de 2024, calificándolas como parte de una “guerra sucia”. Según su versión, Botrading presentó una oferta superior en esa licitación, pero Petroperú incumplió los requisitos legales, lo que llevó a cancelar el proceso sin adjudicación alguna.
A pesar de estas explicaciones, la creación de Botrading —presuntamente establecida en el exterior— y su rol en las contrataciones de combustible han levantado sospechas. ¿Era necesario constituir una filial fuera de Bolivia para agilizar las compras? ¿Por qué no se optimizaron los procesos internos de YPFB, que opera bajo la Ley SAFCO, en lugar de delegar funciones a una nueva entidad? Estas preguntas, planteadas por analistas y medios independientes, aún no encuentran respuesta clara. La SAFCO, que regula la administración pública en Bolivia, prioriza la licitación pública y la transparencia, pero la participación de Botrading en 13 de 40 procesos de contratación —adjudicándose 10— sugiere un posible uso de invitaciones directas que no ha sido plenamente justificado.
El supuesto ahorro de 20 millones de dólares también está bajo escrutinio. Sin balances auditados ni datos detallados sobre volúmenes importados o costos operativos, la cifra proclamada por Dorgathen carece de sustento público. Además, la estructura de Botrading plantea un dilema: si opera fuera del país, ¿está sujeta a los mismos controles que YPFB? La falta de documentación accesible alimenta la percepción de que podría tratarse de un mecanismo para eludir la normativa boliviana.
Dorgathen sostiene que este modelo debió implementarse desde 2015 o 2016, cuando Bolivia comenzó a depender más de las importaciones de combustible. Sin embargo, la ausencia de información concreta sobre la creación y funcionamiento de Botrading deja un vacío que ni las declaraciones oficiales han logrado satisfacer, siendo de imperiosa necesidad contar con documentos que sustenten el proceso. Hasta que YPFB no publique auditorías independientes o detalle cómo se alinea este esquema con la Ley SAFCO, las dudas sobre su eficiencia real y su legitimidad jurídica seguirán siendo razonables. En un país donde los recursos públicos son sensibles, la transparencia no debería ser opcional.
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