En Bolivia, una escena habitual en los mercados o pequeñas tiendas destapa una práctica común: el vendedor pregunta «¿Con factura o sin factura?». Lo que parece una simple opción es un pacto implícito. «Sin factura» suele ofrecer un descuento—tal vez un 5%—, mientras que «con factura» implica pagar el precio lleno. Para el comprador casual, ese pequeño ahorro suena tentador, pero el cálculo es desigual: el vendedor evade impuestos como el IVA (13%) y el IT (3%), quedándose con una ganancia mucho mayor que el descuento que ofrece.
Esta dinámica trasciende el regateo; es un reflejo de una economía donde la informalidad y la desconfianza al sistema tributario dominan. Los negocios saben que emitir factura significa reportar al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), pero también que muchos clientes no la piden. La pregunta «con o sin» está tan normalizada que se ha vuelto parte del paisaje comercial, desde una tienda de línea blanca en el mercado hasta una tienda de barrio. Es el signo de un país donde las reglas existen, pero su cumplimiento es negociable, sostenido por la conveniencia, la vivencia criolla y la imposibilidad del SIN para abarcar a todos los segmentos o rubros.
El comprador, sin embargo, suele llevar las de perder. Pocos conocen las tasas impositivas o calculan que un descuento «sin factura» debería rondar el 16% para ser equitativo. Para ellos, ahorrar 5 bolivianos en una compra de 100 es una victoria menor, mientras el vendedor se guarda 11 de ganancia extra. Esto se agrava porque los precios no desglosan los impuestos: el IVA y el IT están mezclados en el total, dejando al cliente sin pista de lo que debería exigir. Así, lo que parece un gesto amable es un aprovechamiento silencioso del desconocimiento.
Imaginemos a María, una madre que compra una pequeña máquina en el mercado. La vendedora le dice «100 con factura, 95 sin factura». María, ajustando su presupuesto, opta por los 95, pensando que estiró sus bolivianos. No sabe que la vendedora evade 16 bolivianos en impuestos y que su «descuento» es solo una fracción de ese beneficio. La vendedora. suma esos bolivianos no declarados a un ingreso que el SIN nunca tocará. Es una práctica tan rutinaria que ni María ni la vendedora la cuestionan; es simplemente «cómo se hace».
¿La salida? Podría empezar con claridad. Si los precios mostraran el IVA y el IT por separado—84 de base más 16 de impuestos, por ejemplo—, María sabría cuánto debería ahorrar «sin factura» y podría negociar mejor. Pero esto topa con una disyuntiva mayor: ¿cultura o coerción? Construir una cultura de cumplimiento exige confianza en el Estado, que los impuestos se traduzcan en mercados limpios o escuelas dignas. La coerción—multas, controles—podría obligar a la vendedora a facturar, pero sin esa confianza, solo alimentaría evasión más ingeniosa.
Por ahora, la pregunta «con o sin» seguirá flotando en el aire, un eco de un sistema atrapado entre lo formal y lo práctico. María seguirá tomando sus 5 bolivianos de ahorro, la vendedora sus 11 de ganancia, y el SIN verá un hueco en la recaudación. Es una historia de pragmatismo, recelo y normas a medio camino, donde el desconocimiento del comprador y la viveza del vendedor sostienen el equilibrio. Cambiarla requiere más que leyes; requiere que todos entiendan las reglas del juego.
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