La resolución fue emitida por el Juzgado Primero de Instrucción Penal Anticorrupción de La Paz, donde el juez Flores concedió libertad pura y simple a Valda, rechazando la solicitud de la Fiscalía de imponerle detención domiciliaria. El fallo representa un revés para el Ministerio Público y el gobierno, que en los últimos meses han intensificado sus acciones en contra de civiles y militares señalados como autores del supuesto intento de golpe de Estado liderado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.
Valda fue detenido el pasado 11 de abril en Santa Cruz, pocos días después de la difusión del documental estatal “¿Qué pasó el 26J?”, pieza audiovisual que lo vincula con los planes del general Zúñiga y con otro acusado, Luis Fernando Hamdan. El material fue utilizado como base para imputarlo por terrorismo, alzamiento armado y tentativa de magnicidio, cargos que el propio Valda y su defensa calificaron de infundados y políticamente motivados.
El abogado Christian Tejada, representante legal de Valda, denunció varias irregularidades en el proceso, incluyendo la falta de pruebas directas y la utilización de una narrativa gubernamental como argumento acusatorio. El juez Flores coincidió en que el video no constituye prueba suficiente, lo que motivó su decisión de permitir que Valda se defienda en libertad.
El caso Valda se inscribe en el marco de una creciente tensión política en Bolivia, marcada por acusaciones cruzadas de persecución, la creciente judicialización del conflicto político, y el uso de medios oficiales para reforzar relatos estatales. La detención del abogado se produjo a menos de 24 horas de la difusión del documental, hecho que fue interpretado por sectores críticos como una señal de alarma sobre el uso de recursos públicos para acallar voces disidentes.
Mientras tanto, más de 30 personas continúan siendo investigadas por los sucesos del 26 de junio, cuando tropas militares tomaron la Plaza Murillo en un operativo que fue rápidamente neutralizado por el propio presidente Luis Arce. La situación sigue sumando capítulos que no solo involucran a figuras militares, sino también a actores civiles, en un contexto preelectoral marcado por la incertidumbre y la fragilidad institucional.
Redacción central
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