Lun. Ago 17th, 2026

Blindaje, deuda y desobediencia: la orden de aprehensión contra Édgar Montaño que la Policía se niega a cumplir

Una orden judicial clara, una deuda millonaria sin saldar y una Policía que se rehúsa a actuar. La orden de aprehensión contra el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por el impago de más de 55 millones de bolivianos a extrabajadores de Sabsa, expone no solo un conflicto laboral sin solución, sino también la fragilidad institucional que permite que funcionarios de alto rango evadan la justicia.

El Juzgado Público Civil, Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní emitió una orden de aprehensión contra Édgar Montaño, exigiendo su traslado a la carceleta de Buena Vista hasta garantizar el pago de finiquitos adeudados a los extrabajadores de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa). Sin embargo, esta medida judicial permanece en el papel debido a la negativa de la Policía Boliviana de ejecutarla.

El pasado 31 de marzo, representantes de los afectados intentaron entregar el mandamiento a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz. Elder Oliva, vocero del grupo, denunció que los uniformados se negaron a recibir el documento, lo que calificó como una muestra de “blindaje” al ministro. “La Policía está incumpliendo una orden clara del juez. Esto demuestra que hay una protección indebida por su cargo”, aseguró.

La deuda, originada tras la liquidación de Sabsa, asciende a Bs 55.189.880, de los cuales solo se han pagado Bs 12.268.871 a 172 extrabajadores. A pesar de que en 2022 las autoridades anunciaron que el gobierno disponía de más de Bs 66 millones para cubrir los finiquitos, no se ha saldado la obligación. Peor aún, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 no contempla una partida específica para este propósito, priorizando salud, educación y servicio de deuda pública.

Lejos de buscar una solución, Montaño ha descalificado el fallo judicial, argumentando supuestas irregularidades sin presentar evidencia. La falta de ejecución de la orden, sumada a la ausencia de planificación presupuestaria, ha encendido nuevamente las protestas de los extrabajadores, quienes advierten con nuevas medidas de presión.

Este caso refleja un patrón cada vez más común en Bolivia: la incapacidad del sistema judicial para actuar con independencia cuando se trata de funcionarios de alto rango. Analistas coinciden en que la inacción frente a mandatos judiciales erosiona la credibilidad del Estado de derecho, mientras las víctimas directas del conflicto siguen esperando una reparación que no llega.

Redaccion central

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