La jornada estuvo marcada por una movilización que comenzó temprano en la Ceja de El Alto y recorrió la avenida Naciones Unidas hasta el centro de La Paz, donde los manifestantes arribaron pasadas las 13:00. Aunque los organizadores reportaron una proyección de asistencia de entre 4.000 y 7.000 personas, representando a 60 sectores y a los nueve departamentos del país, otros informes como el de medios locales y redes sociales sugieren una participación de apenas un centenar, lo que evidencia una fuerte disparidad en la percepción del evento.
Encabezados por César Gonzáles, de la Confederación de Gremiales, y Klaus Frerking, de la Cámara Agropecuaria del Oriente, los representantes del Comité lograron sortear el resguardo policial que bloqueaba el ingreso a plaza Murillo y accedieron por la calle Potosí a la Casa Grande del Pueblo. Allí entregaron un pliego petitorio que, según Gonzáles, contiene propuestas “concretas” para enfrentar la crisis, entre ellas la liberación de la importación de combustibles, acceso prioritario a divisas, la derogación de la Disposición Séptima del PGE 2025, una ley consensuada para el litio, el cambio del modelo económico y la reducción del 50% en los sueldos de autoridades estatales.
Frerking declaró que el documento refleja el sentir de “11,5 millones de bolivianos”, apelando a un mandato nacional. No obstante, hasta el cierre de esta edición, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial. La administración calificó previamente la marcha como “innecesaria”, una declaración que podría anticipar una estrategia de dilación o deslegitimación del movimiento social.
La protesta se enmarca en un contexto económico complejo, caracterizado por la escasez de combustible, la falta de dólares en el mercado y un incremento sostenido de precios de alimentos básicos como la carne, el pollo y otros productos que acumulan alzas de hasta un 50% desde agosto de 2024. Ante la falta de soluciones estructurales, los dirigentes del Comité advirtieron que, si no reciben respuesta, convocarán a un ampliado en Cochabamba para definir nuevas acciones.
La entrega del pliego representa un avance en la formalización de las demandas del Comité, pero las dudas persisten sobre la capacidad del movimiento de presionar efectivamente al Ejecutivo. Además, algunas de las demandas, como la liberalización de los combustibles, podrían ser interpretadas como orientadas a intereses corporativos antes que al alivio de la población más vulnerable.
En un año preelectoral, la tensión entre sectores críticos al gobierno y el oficialismo podría aumentar, dificultando un diálogo efectivo y dejando en suspenso la posibilidad de soluciones consensuadas. El conflicto, más allá de la movilización de este miércoles, parece estar lejos de resolverse.
Redaccion central
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