En un escenario político cada vez más tenso de cara a las elecciones generales de 2025, la figura de Manfred Reyes Villa resurge como uno de los principales contendientes frente al oficialismo. Su confrontación pública con el presidente Luis Arce Catacora no solo ha encendido el debate, sino que también ha dejado en evidencia que, pese a las especulaciones, no existe una alianza política entre ambos.
El 26 de abril de 2025, durante un acto de proclamación en Chuquisaca, Arce acusó a Reyes Villa, junto a otras figuras de la oposición, de representar a la “vieja derecha neoliberal” que, según el mandatario, provocó pobreza y saqueo a través de políticas de privatización. Un día después, Reyes Villa respondió de manera contundente en sus redes sociales, calificando a Arce de «canalla y mentiroso» y desafiándolo a presentar pruebas documentadas que sustentaran dichas afirmaciones. “No es valiente ni honesto lanzar acusaciones ni repetir mentiras creyendo que se convertirán en verdades”, sentenció el precandidato.
Este cruce verbal, cargado de descalificaciones, refleja una competencia electoral directa donde ambos actores buscan reafirmar su perfil ante un electorado polarizado. Mientras Arce intenta asociar a Reyes Villa con un pasado impopular entre ciertos sectores, el alcalde de Cochabamba busca capitalizar su rol de opositor y distanciarse del oficialismo.
Paralelamente, la situación judicial de Reyes Villa ha sido objeto de debate. El acuerdo de solución amistosa firmado en 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permitió resolver su denuncia internacional por persecución política durante el gobierno de Evo Morales, ha sido usado como argumento por sectores del ala evista del MAS para insinuar un supuesto «pacto» entre Arce y Reyes Villa. No obstante, el ministro de Justicia, César Siles, aclaró que el acuerdo no incluye compensaciones económicas y que su cumplimiento está bajo la supervisión de la CIDH, lo cual limita su utilización política interna.
A este panorama se suma la Sentencia Constitucional 0020/2023, que reconoció que varios procesos contra Reyes Villa se tramitaron de manera indebida como juicios penales ordinarios, cuando correspondían juicios de responsabilidades. Esta sentencia favoreció la revisión de las causas, permitiendo su participación política. Sin embargo, no existen indicios de una intervención directa del presidente Arce en estos fallos, que más bien responden a correcciones institucionales presionadas por estándares internacionales de derechos humanos.
Lejos de un escenario de reconciliación, en marzo de 2025, el diputado oficialista Héctor Arce anunció una nueva denuncia penal contra Reyes Villa, esta vez por presunta falsedad en su declaración jurada de bienes, acusándolo de ocultar un patrimonio en el extranjero. Este movimiento judicial refuerza la idea de que desde el gobierno no existe una política de blindaje hacia el alcalde cochabambino, sino que se mantiene un nivel de confrontación judicial paralelo a la disputa política.
La narrativa de un supuesto «pacto», promovida principalmente por figuras del evismo como William Torrez y Adriana Salvatierra, parece estar diseñada para desgastar simultáneamente a Luis Arce y a Reyes Villa en un contexto de fragmentación interna del MAS y de competencia opositora. Hasta el momento, esas acusaciones no han sido respaldadas por pruebas documentales y más bien se alinean con estrategias de campaña electoral.
En este contexto, los eventos donde ambos actores coinciden, como la inauguración de la Fexco 2024 o la Cumbre por la Estabilidad en marzo de 2025, responderían a agendas institucionales derivadas de sus respectivos cargos de presidente y alcalde, no a una sintonía política. La interacción entre ambos en estos espacios ha sido protocolar, sin señales de coordinación estratégica.
Así, la relación entre Arce y Reyes Villa aparentemente se configura como eminentemente competitiva y pragmática. Reyes Villa busca consolidarse como el principal adversario del MAS, mientras que Arce necesita minimizar tanto las amenazas internas, como la representada por Evo Morales, como las externas. Una alianza entre ambos sería electoralmente inviable, dado el costo que supondría ante sus respectivas bases políticas, salvo que ocurriesen estrategias no visibilizadas.
Por ahora y así como se plantea la evidencia indica que la dinámica entre Reyes Villa y Arce es de confrontación pública y no de colaboración oculta. A medida que avance la campaña, y bajo el escrutinio internacional sobre el cumplimiento del acuerdo ante la CIDH, se podrá observar si esta rivalidad se mantiene o si surgen nuevos elementos que alteren el actual escenario político y esclarezcan ese supuesto acuerdo que por hoy no existiría.
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