La creciente tensión política en Bolivia tomó un giro más severo este lunes, cuando el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, declaró públicamente que el Ejecutivo no tolerará amenazas al orden constitucional, advirtiendo con procesos judiciales a los sectores del ala “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS), acusados de alentar la caída del presidente Luis Arce.
La declaración fue emitida en el marco de una marcha liderada por el Pacto de Unidad, que movilizó a seguidores de Evo Morales hacia Plaza Murillo. Los manifestantes demandan no solo la renuncia de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, sino también la salida de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según Ríos, estas exigencias configuran “intentos de desestabilización democrática” en un contexto económico delicado y con alto riesgo de conflictividad social. “Las declaraciones de estos sectores que buscan irrumpir el orden democrático no serán toleradas”, sostuvo el ministro, anunciando operativos policiales preventivos para evitar enfrentamientos.
El conflicto entre “arcistas” y “evistas” se profundizó luego de que el TCP inhabilitara a Evo Morales como candidato presidencial y anulara el congreso de Lauca Ñ de 2023, donde el exmandatario fue proclamado como jefe del MAS. Esta decisión judicial llevó a los seguidores de Morales a radicalizar su postura, acusando al gobierno de traicionar los principios del instrumento político y de impulsar una persecución política contra su líder.
Durante la marcha, los dirigentes del Pacto de Unidad insistieron en que Morales es el único líder legítimo del MAS y denunciaron la represión contra sus bases, los problemas económicos como la escasez de combustible, la falta de divisas y el aumento de precios, y la detención de militantes a quienes califican de “presos políticos”.
Ríos respondió recordando que ya existen procesos abiertos contra dirigentes como Humberto Claros y Ponciano Santos, por su presunta participación en bloqueos violentos que afectaron el abastecimiento nacional en octubre y noviembre de 2024. Según el Ejecutivo, estas acciones provocaron pérdidas económicas significativas y profundizaron la crisis social.
El escenario se complica para el gobierno, que debe contener la protesta sin ceder terreno a la narrativa del autoritarismo. Expertos advierten que una respuesta excesivamente represiva podría aislar al Ejecutivo tanto interna como internacionalmente, mientras que ceder ante las demandas “evistas” podría debilitar la legitimidad presidencial y abrir aún más la disputa electoral rumbo a 2025.
Con el sector profundamente dividido y sin canales efectivos de diálogo, Bolivia se encamina hacia una fase de alta incertidumbre, donde la pugna por el control del partido y la candidatura presidencial expone los límites del proyecto político que alguna vez unificó a los sectores sociales más influyentes del país.
Redaccion central
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