En plena antesala de las elecciones generales de 2025, Bolivia se enfrenta a una paradoja fiscal que resume décadas de improvisación tributaria. Con un déficit fiscal superior al 10% del PIB, una deuda pública que roza el 92.4% y una economía informal que representa el 80%, el país opera con un sistema tributario que parece diseñado para otra era. La Ley 2492, que data de 2003, sigue vigente en un ecosistema donde los avances tecnológicos y las exigencias de transparencia ya superan largamente su estructura.
Desde la reforma tributaria de 1986 —que simplificó los tributos pero abrió paso a una maraña de formularios, parches y cobros ineficientes— Bolivia ha acumulado impuestos como el IT (Impuesto a las Transacciones) o el impuesto al patrimonio, que más que fomentar la justicia fiscal, ahuyentan la formalización.
En este escenario, el debate tributario se ha colado con fuerza en la agenda electoral, convirtiéndose en uno de los pocos temas técnicos que condicionarán la viabilidad económica del próximo gobierno.
¿Reducir impuestos o reformar el sistema? Las propuestas en juego
El exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, desde su alianza “Libre”, ha puesto sobre la mesa una propuesta audaz: la “triple 10”. Su plan busca reducir simultáneamente el IVA, el IUE y el RC-IVA al 10%, inspirándose en Paraguay. La lógica es sencilla: menos presión, más consumo, más inversión privada. Pero el riesgo es elevado. Según estimaciones técnicas, esta medida implicaría una pérdida potencial del 20-30% de los ingresos tributarios actuales, en un país donde el IVA y el IUE constituyen la mitad de la recaudación, aunque se podría aminorar el efecto si se considera como un proceso.
El propio Quiroga ha deslizado medidas compensatorias, como gravar a las cooperativas mineras, cuya actividad informal genera hasta USD 3.000 millones anuales no fiscalizados. Empero, no deja de ser una propuesta atractiva para generar un equilibrio en el cumplimiento del pago de los Impuestos y lograr una recaudación adecuada.
Manfred Reyes Villa, por su parte, propone una línea más cauta: reducir el IVA al 10% y el IUE al 20% para aliviar a las familias y las pymes. No obstante, esta medida también podría reducir los ingresos del IVA en hasta un 25%, lo que obligaría a incrementar la fiscalización o apostar por ingresos futuros provenientes del litio y el gas, con resultados inciertos en el corto plazo.
Devolución de CEDEIMs: una deuda pendiente con el sector exportador
Un aspecto olvidado en el debate electoral es la devolución de los CEDEIMs (Certificados de Devolución Impositiva) al sector exportador. Aunque estos certificados representan un derecho reconocido por ley para los exportadores formales, el proceso para su validación y reembolso sigue siendo engorroso, lento y poco transparente. La revisión minuciosa de facturas, sumada a la alta discrecionalidad de los fiscalizadores, no solo desincentiva las exportaciones, sino que obliga a muchas empresas a recurrir a recursos administrativos y judiciales que pueden tardar años en resolverse.
Esta situación ha generado una suerte de crédito fiscal congelado, que afecta el flujo de caja de empresas formales y exportadoras, justo en momentos donde la generación de divisas debería ser incentivada. Una reforma tributaria moderna no puede limitarse a cobrar mejor: también debe garantizar que el Estado devuelva lo que corresponde con eficiencia, trazabilidad y certeza jurídica. Automatizar el proceso de devolución mediante plataformas interoperables, con validación cruzada de datos en tiempo real, sería un paso clave para fortalecer la competitividad del sector exportador y reconstruir la confianza en el sistema tributario.
En contraste, candidatos como Eduardo del Castillo (MAS) impulsan propuestas paliativas como el “Alivio Tributario Ya” para condonación de deudas, sin un plan estructural para modernizar el sistema.
Un nuevo Código Tributario: digital, simple y con trazabilidad
El verdadero elefante en la habitación es la urgencia de una reforma integral del sistema tributario, no solo una rebaja de tasas. Aunque el SIN ha avanzado con el SIAT en Línea y la facturación electrónica obligatoria desde marzo de 2025, la percepción de burocracia y desconfianza persiste.
Un nuevo Código Tributario debería cimentarse en tres pilares clave:
- Simplicidad: unificación de impuestos, eliminación de tributos de baja eficiencia como el IT, y simplificación de procesos que hoy requieren hasta seis formularios por contribuyente.
- Digitalización total: centralización de trámites en una sola plataforma (SIAT 2.0), uso de inteligencia artificial para prellenar declaraciones, detección de evasión en tiempo real y eliminación total del papel.
- Trazabilidad en tres pasos:
- Registro único instantáneo con validación biométrica.
- Declaración automática vía facturación electrónica integrada.
- Pago inmediato y transparente, validado por tecnología blockchain para evitar manipulación.
Modelos como Chile (SII) o Uruguay (DGI) ya han logrado mejoras sustanciales en recaudación y formalización mediante plataformas digitales amigables, con costos de cumplimiento reducidos y mayor eficiencia fiscal.
Oportunidad país: una reforma que va más allá del software
La implementación de este sistema moderno tendría un costo estimado entre USD 50 y 100 millones, según experiencias regionales. Pero este gasto puede financiarse mediante nuevos ingresos estratégicos, como la minería o los hidrocarburos, y con ahorros por menos burocracia y evasión.
No se trata solo de digitalizar: se trata de construir confianza y eficiencia en un Estado que cobra bien, pero también devuelve servicios. La oportunidad está en convertir la informalidad en ciudadanía económica y en reemplazar un sistema punitivo y lento por otro que premie el cumplimiento y acompañe al contribuyente.
Del parche al futuro
Bolivia no puede seguir sosteniendo su economía con formularios, excepciones y parches tributarios. En plena crisis de divisas y con crecientes presiones fiscales, los candidatos deben ir más allá de promesas populistas y articular una reforma tributaria moderna, inclusiva y digital.
El país tiene en sus manos una de las reformas más urgentes y transformadoras del siglo XXI. Lo que está en juego no es solo el déficit: es la sostenibilidad del Estado y la posibilidad de ofrecer un sistema tributario que esté a la altura de los ciudadanos que lo financian.
Por Manuel Rodríguez, analista invitado
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