El recuerdo de 1985 sigue siendo una marca de fuego en la memoria boliviana. Entonces, el país estaba sumido en una hiperinflación que pulverizaba salarios y destruía la vida cotidiana. El Decreto Supremo 21060, ejecutado bajo la coordinación de Gonzalo Sánchez de Lozada, logró estabilizar la economía, pero a un costo social incalculable: miles de mineros relocalizados, migraciones forzadas y un tejido sindical devastado.
Hoy, pese a las analogías fáciles, el escenario no es el mismo. La inflación está contenida, el boliviano mantiene cierta credibilidad y la economía es más diversificada que en los años ochenta. Lo que sí existe es un agotamiento del modelo actual: subsidios insostenibles, déficit fiscal en ascenso, caída de ingresos externos y una presión cada vez mayor sobre el tipo de cambio paralelo.
En este marco, el fantasma del shock se invoca como advertencia. El país no necesita reeditar un 21060, pero tampoco puede darse el lujo de la inacción. El próximo gobierno deberá mostrar señales claras de disciplina fiscal, transparencia en las cuentas y medidas que devuelvan confianza al mercado. Sin esas certezas, la economía puede derivar en un ajuste caótico, no planificado, que golpearía con dureza a la población.
Como dicen los economistas en Bolivia, el margen de error es mínimo: lo que en 1985 se resolvió con una terapia de choque impuesta, en 2025 deberá afrontarse con inteligencia política y capacidad de convencer, no de imponer. La credibilidad —hacia dentro y hacia fuera— será la moneda más escasa y más valiosa del próximo ciclo.
Redaccion central La Paz
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