El caso de Pumari, dirigente cívico potosino y actor clave en la crisis política de 2019, refleja cómo los procesos judiciales usados como mecanismos de presión política terminan castigando a las familias.
El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga ya lo había señalado en 2024, cuando visitó a Pumari en el penal: “Pasó cuatro navidades sin sus hijos, pero hoy puede dormir con ellos y con su esposa”. La frase, más allá de la coyuntura electoral, expuso una verdad que trasciende lo político: cada día de encierro fue también una herida para su familia.
Tras su liberación en agosto de 2025, Pumari mismo dijo que su prioridad sería “dedicar tiempo a su esposa e hijos”. Un mensaje que conecta con el sentir de comunidades potosinas que ven en estos procesos judiciales un espejo de cómo la política, cuando se viste de revancha, destruye hogares y erosiona la confianza en la justicia.
La voz de Carla Condori, vecina de la zona Sud, refleja esa indignación social: “Mientras unos cargan el peso de la política, otros caminan libres con protección. Eso duele más que la cárcel”.
El trasfondo es claro: en Bolivia, la justicia usada como instrumento de poder deja cicatrices no solo en los acusados, sino en el tejido familiar y social que debería sostener la democracia.
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