Estados Unidos ha dado un nuevo giro a su política migratoria con una directriz interna del Departamento de Estado que redefine quién puede ser considerado una “carga pública”. La medida instruye a funcionarios consulares de todo el mundo a evaluar con mayor rigor la salud de los solicitantes de visa, incluyendo enfermedades crónicas y obesidad como factores de riesgo.
Según documentos filtrados y confirmados por medios como Associated Press y San Francisco Chronicle, la instrucción amplía la lista de condiciones médicas que podrían justificar una denegación de visa, incluso si el solicitante no presenta síntomas incapacitantes. El cambio se sustenta en la idea de que ciertos perfiles podrían generar “gastos previsibles” para el sistema de salud estadounidense.
Esta medida forma parte del enfoque más restrictivo del gobierno de Donald Trump, que busca reducir la entrada de migrantes con condiciones que, a juicio de Washington, podrían representar un futuro costo para los programas de asistencia pública. Aunque el principio de “carga pública” está presente en la ley migratoria estadounidense desde hace más de un siglo, su aplicación nunca había sido tan amplia ni tan médica.
El criterio ahora no se limita a enfermedades transmisibles, sino también a condiciones tratables pero crónicas, como diabetes, hipertensión, cáncer, depresión o exceso de peso. En la práctica, esto amplía el margen discrecional de los oficiales consulares, quienes deberán valorar si el solicitante cuenta con los recursos suficientes o un seguro de salud que cubra eventuales tratamientos.
El impacto inmediato de esta directriz podría sentirse en países con altos índices de enfermedades no transmisibles y economías emergentes, como Bolivia, donde la cobertura de salud privada y el acceso a seguros internacionales aún son limitados.
Redacción central
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