Bolivia no despertó a una nueva etapa económica, despertó con miedo. Miedo a que el dinero ya no alcance, a que el transporte suba, a que el mercado vuelva a golpear el bolsillo. En ese escenario, el vicepresidente Edmand Lara lanzó una advertencia directa y sin rodeos: el Decreto Supremo 5503, que impone el ajuste económico, empujará a más familias a la pobreza, destruirá empleos y encarecerá la canasta familiar.
Tras una reunión con jefes de bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Lara confirmó que la mayoría política rechaza el decreto. Estuvieron presentes Libre, PDC, Alianza Popular y Súmate, mientras que el MAS y el presidente del Senado, Diego Ávila, optaron por no asistir. El mensaje fue claro: el ajuste no tiene consenso y llega en el peor momento posible.
“Que el país lo sepa sin rodeos: la única bancada que respalda el Decreto 5503 es Unidad Nacional”, remarcó el vicepresidente. El resto de las fuerzas coincidió en que retirar la subvención a los combustibles y aplicar medidas de shock no aliviará la crisis, sino que hará más cara la vida cotidiana, desde el pasaje hasta los alimentos básicos.
Lara puso el foco donde duele: la gente que vive al día. El transportista que depende del diésel, la madre que estira el dinero en el mercado, el joven que busca empleo en una economía que se achica. “No era el momento”, insistió, al advertir que el ajuste golpea primero a los más humildes y agranda la brecha social.
El Decreto 5503 ya no es solo un documento técnico: es una amenaza real al bolsillo de millones de bolivianos. Mientras el Gobierno defiende la medida como inevitable, el rechazo legislativo y el malestar social anticipan días de tensión, protestas y una pregunta que empieza a escucharse en las calles:
¿Quién paga realmente el costo de esta crisis?
Redacción central La Paz
About Author
