La reacción del ministro Gabriel Espinoza, difundida mediante un video en redes sociales, busca frenar el malestar por el Decreto 5503. “No aceptes cobros abusivos, denuncia la especulación y no te prestes a bloqueos que solo favorecen a quienes quieren seguir viviendo del pasado”.
El mensaje, sin embargo, abrió un nuevo flanco: la vocera presidencial quedó relegada y ahora los defensores del decreto son justamente quienes lo redactaron, lo que deja en evidencia un desorden en la estrategia de comunicación institucional del Gobierno.
El problema, según analistas, es más profundo. Las unidades de comunicación parecen limitadas a tareas operativas —elaboración de notas, organización de conferencias y control de preguntas— sin realizar la labor esencial: anticipar los efectos sociales de una norma, evaluar riesgos y guiar la percepción ciudadana. El resultado es un vacío informativo que termina amplificando rumores, molestia social y contradicciones internas que el Gobierno no logra contener.
En las calles, el impacto es evidente. Usuarios y transportistas se trenzan en discusiones por tarifas sin explicación clara, mientras la población intenta descifrar qué es verdad y qué no. El caos se agrava porque los mensajes oficiales llegan tarde o no llegan; y cuando llegan, lo hacen sin explicar cómo se controlarán los abusos que desde temprano se producen en mercados, estaciones y terminales de buses.
“Será que el Gobierno pretende que los usuarios a punta de puñetes paren el descalabro del transporte”, cuestionó Juan Gómez desde la terminal de buses de La Paz, luego de ver el video del ministro de Economía. Su frase resume el sentimiento de un país que observa a sus autoridades pedir calma sin ofrecer soluciones concretas. Sin una estrategia clara de comunicación y control, el Decreto 5503 no solo genera incertidumbre económica, sino un desgaste mayor en la confianza pública.
Redacción central La Paz
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