El Congreso de Perú marcó un precedente regional al rechazar la pensión vitalicia solicitada por la expresidenta Dina Boluarte, declarando improcedente su pedido al no cumplir con los requisitos establecidos en la ley peruana. El informe legislativo sostuvo que Boluarte no fue elegida por voto popular, no concluyó un mandato constitucional y fue destituida por incapacidad moral, razones suficientes para impedirle acceder a recursos estatales de por vida. La decisión generó debate inmediato en la región sobre la pertinencia de otorgar beneficios vitalicios a exmandatarios cuestionados.
El caso peruano resuena especialmente en Bolivia, donde la Ley 3791 de 2007 otorga renta vitalicia a expresidentes y exvicepresidentes sin exigir criterios de integridad, ausencia de investigaciones o evaluación de desempeño. En la práctica, el beneficio es automático y no toma en cuenta si la autoridad dejó el cargo envuelta en denuncias, crisis de gestión o señalamientos administrativos.
Esto contrasta con los estándares aplicados en Perú, donde la legitimidad electoral y el cumplimiento del mandato son determinantes. Juristas como Juan Alberto Martínez plantean que Bolivia debería actualizar su normativa e incluir filtros claros vinculados a la transparencia. Según su perspectiva, la renta vitalicia no debe concederse cuando existan indicios comprobados de corrupción sustentados en informes de la Contraloría, auditorías oficiales o resoluciones judiciales. Mantener beneficios estatales sin una mínima evaluación de integridad —afirma— debilita la confianza pública y normaliza la impunidad.
El debate se abre en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política boliviana y de constantes denuncias sobre el manejo de recursos públicos. A la luz del precedente peruano, cada vez más voces sostienen que Bolivia debe replantear los beneficios vitalicios para sus exautoridades, condicionándolos al ejercicio responsable del poder y a la ausencia de irregularidades comprobadas. La discusión ya no es solo legal: se trata de credibilidad institucional y del uso adecuado del dinero de todos.
Redacción central La Paz
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