La retención de Eduardo Del Castillo en Viru Viru no solo sorprendió por la forma en que fue ejecutada, sino también por la rapidez con la que el hecho pasó de un problema de control aeroportuario a un expediente penal. La Policía sostiene que el exministro se negó a la inspección de equipaje y a cumplir con los procedimientos establecidos, motivo por el cual fue remitido a la FELCC bajo acusaciones de obstrucción a la función policial y desobediencia a la autoridad.
Sin embargo, el incidente tomó un giro político cuando Del Castillo declaró que su aprehensión “es un tema político” y lamentó que ocurriera mientras viajaba con su familia. Estas afirmaciones alimentaron un clima de tensión en un país marcado por la polarización y por la disputa entre facciones del oficialismo, donde cada movimiento es interpretado como parte de una puja interna.
Analistas señalan que casos de esta naturaleza suelen escalar rápidamente cuando involucran a exautoridades, especialmente aquellas que fueron piezas clave en la gestión de seguridad interna. La figura de Del Castillo, asociada a operativos polémicos y decisiones controvertidas durante el gobierno de Luis Arce, convierte cualquier investigación en un terreno sensible para el sistema político.
Ahora, el futuro inmediato del exministro dependerá de la declaración ante la Fiscalía y de la audiencia de medidas cautelares que definirá su situación procesal. Pero más allá del aspecto legal, el episodio ya se instala como un nuevo capítulo en la narrativa política boliviana: un hecho menor que podría derivar en un proceso judicial de alto voltaje, reconfigurando tensiones dentro y fuera del oficialismo.
Portada gentileza El Deber
Redacción central Santa Cruz
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