Vie. Oct 2nd, 2026

Tariquía: expulsan a autoridades y Petrobras de reunión y cuestionan rol del presidente del Senado en conflicto petrolero

La fallida reunión de socialización del proyecto gasífero en la Reserva de Tariquía, en Tarija, terminó en un escenario de tensión, con autoridades nacionales y personal de Petrobras obligados a retirarse entre gritos y empujones, mientras sectores ambientales cuestionaron no solo el avance del proyecto, sino también la presencia del presidente del Senado en un tema que —según denuncian— no es de su competencia directa.

Durante el encuentro, al que asistieron el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, personal de Petrobras y el presidente del Senado, Diego Ávila Navajas, los ánimos se desbordaron cuando parte del público lanzó consignas como “vendidos” y “fuera petrolera”, obligando a las autoridades a abandonar abruptamente la sala. El acto se realizaba con el objetivo de socializar información sobre la exploración en el área San Telmo Norte, vinculada al pozo DMO-X3.

Tras los incidentes, Ávila afirmó que la reunión no tenía carácter resolutivo y que su finalidad era únicamente informativa. Señaló que se buscaba conocer datos técnicos y legales del proyecto y conformar una comisión para su análisis, aclarando que no es el Senado ni su persona la instancia que define si la exploración continúa o se paraliza, ya que existen contratos y procedimientos administrativos en curso.

Sin embargo, desde sectores ambientalistas se cuestionó duramente la presencia del titular del Senado. El activista Andrés Nina sostuvo que, si la autoridad legislativa reconoce que no tiene competencia directa sobre el proyecto, su participación solo contribuyó a elevar la tensión. “Si no es su atribución, ¿a qué fue? En esa reunión debían estar los directamente involucrados en lo técnico y ambiental”, expresó, señalando que el desenlace era previsible por el nivel de rechazo social existente.

El conflicto en Tariquía no es nuevo. Comunidades y defensores de la reserva denuncian desde hace meses falta de consulta previa, riesgos ambientales y presencia policial para facilitar trabajos de exploración, mientras que el Gobierno sostiene que el proyecto cuenta con respaldo legal y licencias ambientales. El choque entre ambas posiciones ha convertido la discusión técnica en un problema político y social de alta sensibilidad, que sigue sin una salida clara.

Redacción central La Paz

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