Tras la abrogación del Decreto Supremo 5503, el Gobierno de Rodrigo Paz emitió un nuevo decreto para sustituir las medidas económicas cuestionadas; sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB) advirtió que la norma fue aprobada sin el proceso de consulta previa establecido en los convenios firmados con el Ejecutivo, lo que reabre el riesgo de conflictividad social.
Dirigentes de la COB señalaron que, aunque el nuevo decreto mantiene beneficios sociales y ajustes salariales, no se respetó el mecanismo de concertación, vulnerando acuerdos que obligan a discutir previamente cualquier medida con impacto económico y laboral. Para la dirigencia sindical, el problema ya no es solo el contenido del decreto, sino el procedimiento político adoptado por el Gobierno.
Desde el Ejecutivo se sostiene que el nuevo decreto busca garantizar estabilidad fiscal sin afectar los ingresos de los trabajadores, pero el reclamo sindical apunta a la pérdida de confianza entre ambas partes, en un contexto donde la economía muestra señales de presión por el gasto público, los subsidios y la sostenibilidad de los bonos.
El episodio deja en evidencia que, tras la crisis generada por el DS 5503, el Gobierno de Paz enfrenta no solo el desafío técnico de ajustar la política económica, sino también el reto político de reconstruir los canales de diálogo con la principal organización sindical del país, clave para evitar nuevas medidas de presión.
Redacción central La Paz
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