Desde el punto de vista normativo, la responsabilidad directa sobre la calidad del combustible en circulación recae en el Estado, a través de YPFB y de las entidades reguladoras como la ANH y la ATT, independientemente del origen o la fecha de compra del producto. Mientras el combustible haya sido distribuido bajo la administración actual, es el operador vigente quien responde ante los usuarios afectados.
El argumento del Gobierno, que apunta a “residuos heredados” de la gestión anterior en los tanques de almacenamiento, puede explicar el origen del problema, pero no traslada automáticamente la responsabilidad al pasado. En términos legales y administrativos, los usuarios no tienen relación contractual con gestiones anteriores, sino con el proveedor actual que puso el combustible en el mercado.
Por ello, los dirigentes del transporte demandan que el resarcimiento sea asumido por YPFB o el Estado, sin perjuicio de que, posteriormente, el Gobierno determine responsabilidades internas, administrativas o penales contra exautoridades o empresas proveedoras. Este enfoque se alinea con el principio de protección al consumidor y con la obligación estatal de garantizar productos seguros.
El conflicto también expone contradicciones en la comunicación oficial, ya que mientras algunas autoridades reconocen la existencia de combustible defectuoso, otras instancias aseguran que las certificaciones internacionales avalan su calidad. Esta falta de una postura unificada debilita la posición del Gobierno frente a los reclamos y refuerza la exigencia de un mecanismo claro de compensación para los afectados.
Redacción central La Paz
About Author
