Las primeras señales del problema no surgieron de informes técnicos, sino de los propios choferes, que comenzaron a reportar fallas mecánicas tras cargar combustible. Ante la creciente presión, el Gobierno atribuyó inicialmente la situación al anterior Gobierno, sin explicar con precisión cómo los controles actuales permitieron que el producto llegue a los surtidores sin observaciones previas.
En medio de la polémica, YPFB informó que el 11 de diciembre de 2025 publicó el proceso PAC 5989, una invitación internacional para empresas especializadas en inspección de calidad de combustibles importados para la gestión 2026. La estatal precisó que este proceso tuvo apertura pública de sobres, pero no fue adjudicado, debido a observaciones técnicas detectadas durante la evaluación de las propuestas.
Si bien la aclaración descarta una adjudicación directa en ese proceso específico, el problema persiste: el combustible que ya estaba en circulación generó daños reales en vehículos, lo que evidencia que los mecanismos de control vigentes en ese momento no funcionaron de manera efectiva. La falta de una certificación adecuada, por la razón que fuere, terminó trasladando el riesgo al consumidor final.
Recién después de que el daño se hizo evidente, el Gobierno anunció que los vehículos afectados serían reparados mediante talleres autorizados, pero solo para casos futuros. La medida no contempla a los propietarios que ya repararon sus motorizados con recursos propios, dejando sin respuesta a un amplio sector que asumió el costo de una falla que no provocó.
Redacción central La Paz
