Lupo aseguró que el decreto tiene un carácter estrictamente administrativo y que busca garantizar mayor agilidad, mejor coordinación y eficiencia en la gestión pública. Aclaró que las atribuciones del Vicepresidente en su relación con la Asamblea Legislativa no están alcanzadas por la norma y que se mantiene su independencia en ese ámbito.
Según la autoridad, un Estado más eficiente permitirá liberar recursos para mejorar la vida de la población. En esa línea, sostuvo que ordenar la estructura estatal es gobernar con responsabilidad y evitar el despilfarro de fondos públicos.
El ministro también afirmó que la estructura que actualmente se desmonta fue construida “a imagen y semejanza del MAS” y remarcó que el dinero no pertenece a los políticos, sino a los ciudadanos, por lo que debe ser administrado con rigor.
No obstante, el contador público Armando Camacho señaló que el discurso de austeridad debe estar respaldado por datos verificables. A su criterio, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto realmente se está economizando con la reestructuración en la Vicepresidencia y hacia qué sectores se redirigirán esos recursos.
Por Equipo de redacción
