El reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero ha caído como un balde de agua fría, pero no por alivio, sino por incredulidad. Mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) asegura que los precios retrocedieron un -0,62%, la percepción ciudadana en mercados de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba es radicalmente distinta. Para economistas como Gonzalo Chávez, esta desconexión no es casualidad; responde a una metodología que prioriza productos de alta volatilidad estacional, como el tomate o el pollo, para diluir el impacto de incrementos estructurales y permanentes.
El gran ausente en el discurso de «alivio» oficial es la carne de res. A pesar de que el indicador general bajó, el precio del corte de primera se mantiene en niveles prohibitivos para el salario mínimo. Expertos señalan que el incremento en los costos de logística y el alza de combustibles decretada en enero han dejado un piso de precios elevado que difícilmente retrocederá. La carne no sube por «especulación», como afirma el Gobierno, sino por una cadena de costos que incluye desde vacunas importadas hasta fletes más caros, todo empujado por la escasez de divisas.
Por su parte, Antonio Saravia introduce una variable sombría al análisis: la deflación de febrero podría ser, en realidad, un síntoma de recesión. Cuando el poder adquisitivo cae de forma tan estrepitosa, la demanda se contrae. Si la gente deja de comprar porque el dinero no alcanza, los comerciantes se ven obligados a bajar precios de productos perecederos para no perder la mercadería. En este escenario, el número negativo del INE no reflejaría una economía sana, sino una población que ha empezado a sacrificar su consumo básico para sobrevivir.
La crítica hacia la institucionalidad del INE también escala. Existe un consenso entre analistas independientes de que el IPC boliviano padece de una ponderación obsoleta. Se castiga el índice con el precio de productos que el Gobierno puede intervenir o subsidiar, mientras se ignora el peso real de los servicios, repuestos y bienes importados que se rigen por el dólar paralelo. Esta «inflación reprimida» crea una brecha de credibilidad: la gente confía más en lo que dicta la casera del mercado que en el boletín oficial de la institución.
Jaime Dunn añade que estamos ante una «inflación de costos» que el modelo actual ya no puede contener con simples controles de precios. El sector productivo está asfixiado por la falta de dólares y el encarecimiento de insumos, lo que genera una presión alcista que tarde o temprano rompe cualquier dique estadístico. Para Dunn, intentar frenar la inflación mediante la contracción del gasto o la prohibición de exportaciones es una receta que solo profundiza la escasez a mediano plazo, manteniendo los precios en un ascenso silencioso pero constante.
De este modi, el panorama económico de este primer bimestre de 2026 muestra una Bolivia dividida en dos realidades. En una, la oficina del INE reporta estabilidad y cifras negativas; en la otra, el ciudadano común lidia con una estanflación evidente: una economía estancada donde el costo de vida sigue siendo la principal preocupación. Sin un «sinceramiento» de las cifras y de la política cambiaria, el optimismo oficial corre el riesgo de convertirse en un bumerán político cuando la realidad de los mercados termine por desbordar las planillas de Excel.
Por Equipo de redacción
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