Desde el aeródromo de Chimoré, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo intentó mover el eje del debate. En lugar de hablar de erradicación, operativos o persecución, presentó la idea de transformar el Trópico de Cochabamba en un polo de alto rendimiento deportivo y turismo ecológico.
La propuesta, más que un proyecto de infraestructura, funciona como una señal política. El Ejecutivo busca demostrar que el Estado puede ofrecer desarrollo económico en una región que durante décadas ha estado marcada por el conflicto entre control de cultivos, sindicalismo cocalero y disputas con el poder central.
Pero la oferta llega en un momento delicado. Sobre Evo Morales pesa una orden de aprehensión que mantiene a las bases cocaleras en estado de movilización latente. En ese contexto, la narrativa oficial intenta separar dos planos: la lealtad política hacia el líder histórico del Chapare y la necesidad cotidiana de estabilidad económica.
La apuesta es clara: abrir un canal de diálogo con las dirigencias sin provocar un choque frontal con las bases.
En el centro de la discusión sigue estando la hoja de coca, el motor económico del Trópico. Oviedo fue cuidadoso al plantear que cualquier acuerdo no implicará renunciar al control de los cultivos, pero sí avanzar hacia mecanismos de fiscalización concertada con los sindicatos.
El objetivo es evitar que el excedente de la hoja termine alimentando las rutas del narcotráfico sin provocar una reacción social que reactive el conflicto campesino.
En esa ecuación, el “cato” de coca vuelve a aparecer como el punto de equilibrio entre control estatal, economía regional y estabilidad política.
El resultado de esta estrategia de desescalada será determinante en los próximos meses. Si el Trópico acepta la narrativa del desarrollo —turismo, deporte e inversión— el Gobierno podría neutralizar el principal bastión social del evismo.
Pero si las bases interpretan la propuesta como un intento de debilitar su estructura sindical o aislar a Morales, el gesto de diálogo podría transformarse en el detonante de una nueva confrontación.
En Bolivia, la política del Chapare rara vez se decide en discursos. Se decide en la capacidad del poder central de negociar con una región que, desde hace décadas, funciona con sus propias reglas de poder, según expertos.
Por Equipo de redacción
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