La posición del Fiscal General marca una distancia necesaria entre la retórica política y la realidad jurídica. Al solicitar pruebas tangibles, Mariaca le devuelve la pelota al Ejecutivo, dejando claro que una crisis de desabastecimiento o la mala calidad de la gasolina no se convierten automáticamente en un «atentado criminal» sin un sustento técnico. Esta postura busca evitar que la justicia sea utilizada como un mecanismo de distracción frente a lo que podría ser una deficiente gestión administrativa en YPFB.
En la práctica, lo que la Fiscalía espera son informes de laboratorio y auditorías de procesos que confirmen que hubo una manipulación deliberada del combustible. Hasta ahora, el discurso oficial se ha centrado en señalar una «mano negra» para justificar el despido de cientos de funcionarios y la militarización de las plantas, pero no ha presentado el rastro documental que vincule esos hechos con un plan de sabotaje coordinado. Para la justicia, el «qué dirán» no es suficiente para encarcelar a nadie.
Este cruce de posturas ocurre en un momento de rabia y bronca social, con transportistas que ven sus motores arruinados y ciudadanos impotentes de pedir resarcimiento de daños. Si el Gobierno no logra consignar las pruebas que Mariaca solicita, la narrativa del sabotaje perderá credibilidad rápidamente, dejando al descubierto que el problema del combustible en el país podría tener raíces más profundas, ligadas a la logística y la falta de divisas, más que a un complot interno.
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Por: Equipo de redacción
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