El uruguayo Sebastián Marset fue detenido en un operativo policial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tras más de dos años prófugo. Las autoridades lo consideran líder de una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero con operaciones en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.
Su captura es relevante porque Marset figuraba entre los narcotraficantes más buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y era señalado como jefe del denominado Primer Cartel Uruguayo, una estructura criminal dedicada al envío de cocaína desde Sudamérica hacia mercados internacionales.
La operación fue ejecutada por fuerzas bolivianas, que lograron detenerlo en la zona residencial de Las Palmas, en Santa Cruz, junto con otros sospechosos vinculados a su estructura.
Tras conocerse la captura, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó el alcance global del operativo.
El mandatario sostuvo que la detención de Marset representa “un gran logro para Bolivia” y un hecho “trascendental para la humanidad”, al tratarse de uno de los principales operadores del narcotráfico en la región.
Desde el Gobierno se intenta posicionar la captura como una señal de que Bolivia puede jugar un papel activo en la lucha internacional contra el crimen organizado, especialmente en un momento en el que el país busca recomponer relaciones de cooperación con Estados Unidos en materia antidrogas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, introdujo un elemento político en el caso al recordar que Marset había escapado de un operativo policial en 2023 en la misma ciudad de Santa Cruz.
Según el ministro, esa fuga evidenció “negligencia de la Policía y del Gobierno durante la gestión del MAS”, una crítica directa a la administración anterior por no haber logrado su captura cuando ya estaba ubicado en territorio boliviano.
La fuga de 2023 fue uno de los episodios más polémicos en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, ya que el propio Marset llegó a afirmar en videos difundidos posteriormente que había sido alertado de la redada policial.
El interés de Estados Unidos en el caso es central. El Departamento de Estado había ofrecido hasta 2 millones de dólares de recompensa por información que condujera al arresto o condena de Marset, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
El narcotraficante también enfrenta cargos en territorio estadounidense, lo que explica que tras su captura se haya planteado su traslado a ese país para enfrentar a la justicia federal.
Para Washington, la detención de Marset representa un golpe relevante a las redes criminales que operan en el Cono Sur y que utilizan Bolivia como parte de las rutas de exportación de cocaína hacia Europa.
Por Equipo de redacción y agencias
About Author
