El pronunciamiento no es menor. DDRR no es una oficina más: es el corazón del sistema que certifica la propiedad de bienes en el país. Desde terrenos hasta viviendas, todo pasa por ese registro. Por eso, cualquier cambio en su administración impacta directamente en la confianza de ciudadanos, inversionistas y del propio mercado.
La Magistratura, al rechazar el proyecto, no solo cuestiona la forma, sino el fondo. Advierte que trasladar DDRR al Ejecutivo podría abrir espacios de injerencia política en un ámbito que debería ser estrictamente técnico. En otras palabras, el temor es claro: que la propiedad deje de depender de normas y pase a depender del poder.
En esa misma línea, Eduardo Rodríguez Veltzé elevó el debate recordando que la propiedad es un derecho fundamental protegido por la Constitución. Su mensaje es directo: el registro debe ser confiable, accesible y ajeno a cualquier manipulación burocrática o política. Y más aún, cualquier reforma de este calibre no puede hacerse de forma aislada, sino como parte de una reforma estructural de la justicia que el país sigue postergando.
El trasfondo revela una tensión mayor. Mientras el Ejecutivo podría argumentar eficiencia o modernización, desde la Magistratura se percibe un intento de concentración de control. Así, el debate deja de ser administrativo y se convierte en un pulso entre instituciones sobre los límites del poder.
En un país donde la seguridad jurídica ya enfrenta cuestionamientos, tocar DDRR sin consenso amplio puede profundizar la desconfianza. La advertencia está hecha: no se trata solo de mover una entidad, sino de preservar uno de los pilares del Estado de derecho.
Por Equipo de redacción
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