La intención de modificar la ley del oro para disponer de reservas y generar liquidez en dólares, en un contexto de creciente tensión en el sistema bancario, ha vuelto a encender las alertas sobre la conducción del Banco Central de Bolivia. Más que certezas, la señal refuerza la percepción de respuestas improvisadas en un momento donde la confianza resulta decisiva.
El hallazgo de más de 50 toneladas de sustancias químicas en predios aduaneros de Oruro no solo encendió las alarmas por su posible uso en el narcotráfico. También destapó una pregunta incómoda: ¿cómo puede aparecer un cargamento de esa magnitud sin que exista, hasta ahora, un solo aprehendido ni responsable identificado?
La caída de Marcelo Arce Mosqueira no solo abrió un frente judicial, también destapó el murmullo que hace tiempo circulaba en pasillos políticos: que sin cargo formal, habría tenido más influencia que varios funcionarios dentro de YPFB. Ahora, con una camioneta de la estatal en el centro del caso, el rompecabezas empieza a tomar forma… o al menos a incomodar.
Las versiones sobre un operativo irregular en el caso de Sebastián Marset no solo apuntan a fallas de coordinación, sino que escalan hacia un terreno más delicado: la presunta comisión de delitos durante la intervención. Analistas advierten que la ausencia de control fiscal y las denuncias de robo —incluyendo dineros de cajas fuertes— podrían comprometer no solo el caso, sino la credibilidad del sistema penal.
La escena no pasó desapercibida: efectivos policiales ingresando a un inmueble en Equipetrol y saliendo con Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce. La aprehensión, confirmada por autoridades, instala un caso que mezcla investigación penal, versiones cruzadas y un inevitable trasfondo político.
En la calle, en el transporte público o en una charla cualquiera —como las que se escuchan en la Plaza 10 de Febrero— hay una pregunta que se repite cada vez con más fuerza: ¿realmente sirve lo que se estudia hoy en la universidad para trabajar mañana? La duda no es menor. Apunta directo al corazón del sistema educativo boliviano, donde públicas y privadas enfrentan cuestionamientos sobre calidad, actualización y credibilidad.
En Bolivia, el viaje de Rodrigo Paz Pereira a Brasil, acompañado de una nutrida delegación empresarial, empieza a generar más preguntas que certezas. En las últimas horas, publicaciones de Asuntos Centrales, DTV y otros espacios han puesto sobre la mesa un dato que incomoda: en la lista difundida de participantes figura un nombre vinculado a uno de los mayores escándalos de corrupción reciente.
La salida de Carla Faval no sorprende tanto por el hecho en sí, sino por lo que revela: un gobierno que habla mucho, pero comunica poco. En la administración de Rodrigo Paz, la falta de una línea clara terminó por cobrarse su primera gran factura política en el área más sensible: la vocería.
En varios países de América Latina la economía informal no es un fenómeno marginal, sino estructural. Estudios del Banco Mundial señalan que el sector informal puede llegar a representar hasta el 50% del PIB en algunos países de la región. El problema no es solo tributario: refleja economías con baja productividad, mercados laborales precarios y Estados con limitada capacidad de control. En países como Bolivia, donde el comercio informal y el contrabando tienen fuerte presencia, la discusión sobre cómo reducir la evasión fiscal sin destruir empleo se vuelve especialmente compleja.
Un mensaje del exmandatario boliviano Evo Morales agitó el tablero político regional. Desde sus redes, cuestionó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por haber recibido en Brasilia a una delegación boliviana encabezada por el político Rodrigo Paz Pereira, quien —según Morales— presentó ante Lula a su adversario político Luis Fernando Camacho, a quien calificó como el “Bolsonaro boliviano”.
