El discurso oficial plantea que el alivio tributario permitirá reactivar la economía y apoyar a quienes quedaron rezagados tras la pandemia. Sin embargo, este enfoque omite un elemento clave: la enorme mayoría de contribuyentes en Bolivia cumple voluntariamente con el calendario impositivo. Se estima que cerca del 90% paga sin necesidad de coerción, sosteniendo en la práctica el sistema fiscal, señala Rodríguez.
En ese contexto, la medida introduce un problema estructural. Aquellos que hicieron esfuerzos extraordinarios —desde pequeños negocios hasta empresas formales— recurrieron a préstamos bancarios, refinanciaron deudas o sacrificaron liquidez para mantenerse al día con el fisco. Hoy, con esta ley, ven cómo el incumplimiento recibe beneficios concretos, mientras el cumplimiento no tiene ningún reconocimiento.
El riesgo no es menor. Este tipo de políticas, conocidas como “perdonazos tributarios”, tienden a erosionar la cultura fiscal. Si el contribuyente percibe que el Estado periódicamente condona sanciones, el incentivo racional deja de ser cumplir a tiempo y pasa a ser esperar una futura regularización con descuentos, indica Rodríguez. Es un problema clásico de riesgo moral en política pública.
Además, surge una pregunta que hasta ahora no ha sido respondida con claridad: ¿cuántos contribuyentes se beneficiarán realmente de este alivio? Y más importante aún, ¿cuántos quedaron fuera porque ya cumplieron? Sin datos transparentes, la medida corre el riesgo de ser más simbólica que efectiva, o peor aún, regresiva en términos de equidad fiscal.
La ampliación del alcance hasta 2020, incluyendo el periodo de pandemia, es técnicamente defendible. Pero incluso en ese caso, no se ha planteado ningún mecanismo compensatorio para quienes cumplieron en ese mismo contexto adverso, advierte Rodríguez.
En lugar de fortalecer la confianza en el sistema tributario, la señal que se envía es contradictoria: cumplir no necesariamente es la mejor decisión económica. Y eso, a mediano plazo, puede debilitar la base de recaudación y la sostenibilidad fiscal del país.
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