La polémica en torno a los contratos heredados en el sector de hidrocarburos suma un nuevo capítulo. El ministro Marcelo Blanco Quintanilla aseguró que el Ejecutivo actuará con firmeza para esclarecer posibles irregularidades y garantizar la transparencia en el manejo de recursos estratégicos.
“Vamos a descubrir quién lo ha hecho y va a pagar, sea quien sea”, afirmó la autoridad, en una declaración que busca marcar distancia frente a cuestionamientos políticos y reforzar la imagen de control institucional.
Sus palabras llegan luego de críticas desde la oposición, que señalan que el Gobierno actual habría mantenido e incluso continuado operando con contratos observados de gestiones anteriores. En ese escenario, el mensaje del ministro apunta a desactivar dudas sobre encubrimientos y a posicionar una narrativa de fiscalización interna.
La advertencia también tiene un componente político: envía una señal tanto hacia dentro del aparato estatal como hacia la ciudadanía, dejando en claro que —al menos en el discurso— no habrá tolerancia frente a posibles actos de corrupción.
Sin embargo, el reto para el Gobierno no solo está en las declaraciones, sino en los resultados. La efectividad de estas investigaciones y la eventual identificación de responsables serán claves para sostener la credibilidad del mensaje oficial en un tema sensible como el abastecimiento de combustibles y la gestión de YPFB.
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Por Equipo de redacción
