Durante las últimas semanas, la orden de aprehensión contra Argollo se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre el Ejecutivo y los sectores movilizados. Desde la COB se denunció que la medida vulneraba el fuero sindical que protege a los dirigentes de organizaciones laborales en el ejercicio de sus funciones.
La resolución judicial no fue resultado de una decisión política del Gobierno ni de un retiro de las acciones legales impulsadas por la Fiscalía, sino de un fallo favorable a una acción de libertad presentada por la defensa del dirigente sindical. La misma medida benefició también al dirigente campesino Vicente Salazar.
Conocido el fallo, la COB convocó a un ampliado nacional de emergencia para este sábado, donde las organizaciones afiliadas analizarán la coyuntura y definirán si aceptan o no sentarse en una mesa de diálogo con el Ejecutivo. Argollo había reiterado en anteriores intervenciones que cualquier determinación debía ser asumida por las bases y no de manera unilateral por la dirigencia.
Mientras tanto, el vicepresidente Edmand Lara volvió a convocar públicamente al Gobierno y a la COB a una reunión prevista para este domingo, en un nuevo intento de acercamiento tras semanas marcadas por movilizaciones, bloqueos y tensiones políticas.
La decisión que adopte el ampliado será determinante para el rumbo de la crisis. Si la COB acepta asistir al encuentro, se abrirá una nueva oportunidad para encauzar las demandas mediante la negociación. Si las bases rechazan la convocatoria, el conflicto podría ingresar a una nueva fase de presión social pese a que la principal exigencia jurídica de los movilizados ya fue atendida por la Justicia.
Por Equipo de redacción
About Author
