El respaldo oficial del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, al presidente Rodrigo Paz y la respuesta del mandatario boliviano dejan entrever un cambio de narrativa sobre la crisis que atraviesa el país. Más allá de la disputa política tradicional, ambos mensajes instalan un nuevo eje de confrontación: democracia versus narcoterrorismo.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Excepción impulsada por el Gobierno para enfrentar la crisis derivada de los bloqueos y los hechos de violencia registrados en el país. Ahora la norma queda a la espera de la promulgación presidencial, pero más allá de la coyuntura actual, surgen interrogantes sobre el alcance que tendrá para las próximas administraciones y el equilibrio entre seguridad, democracia y derechos ciudadanos.
Mientras La Paz y El Alto continúan enfrentando las consecuencias de la crisis provocada por semanas de bloqueos y dificultades en el abastecimiento, el presidente Rodrigo Paz aseguró que empiezan a observarse señales de alivio para la población. Destacó el ingreso de más de un millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de gas, medidas que, según señaló, buscan reducir el impacto que miles de familias bolivianas han sufrido en las últimas semanas.
