La administración de justicia enfrenta limitaciones económicas reales que afectan su capacidad operativa. Sin embargo, para gran parte de la población el problema central no radica únicamente en la falta de presupuesto, sino en la calidad y transparencia con la que se administra el sistema judicial.
Las críticas recurrentes apuntan a la existencia de fallos controvertidos, demoras prolongadas y una percepción de influencia política en determinados procesos. Estos elementos han erosionado la confianza pública y alimentado la sensación de que la justicia no actúa con la independencia que demanda la Constitución.
A ello se suma una estructura procesal caracterizada por trámites, certificaciones, notificaciones y requisitos administrativos que incrementan los costos para los litigantes. Cada actuación implica tiempo, desplazamientos y gastos adicionales que terminan convirtiendo el acceso a la justicia en un camino largo y costoso para miles de ciudadanos.
En este escenario, el reclamo de mayores recursos convive con una demanda social más amplia: una justicia más eficiente, menos burocrática y capaz de recuperar la credibilidad perdida. El desafío no solo pasa por fortalecer las finanzas del sistema, sino por garantizar que sus decisiones generen confianza y seguridad jurídica en la población.
Portada Presidente del TSJ Romer Saucedo
Por Equipo de redacción
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