El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, calificó de «obsoleta» la normativa vigente desde 1923, que dispone que los depósitos judiciales abandonados por más de tres años prescriban a favor del Estado. La propuesta busca modificar ese destino para que dichos recursos pasen directamente al Órgano Judicial y contribuyan a paliar su crisis presupuestaria.
Desde el punto de vista jurídico, la iniciativa es viable siempre que la ley redefina el destino de recursos que, por efecto de la prescripción, ya pertenecen al Estado. No se trata de una apropiación de dinero privado mientras existan derechos vigentes sobre esos depósitos, sino de asignar un nuevo beneficiario dentro de la estructura estatal una vez consolidada la prescripción.
No obstante, el verdadero alcance económico de la reforma sigue siendo incierto, según expertos en derecho. Hasta el momento no existe información pública sobre el monto acumulado de los depósitos judiciales prescritos, por lo que resulta imposible determinar cuánto representaría para las arcas judiciales.
Incluso si la cifra fuera significativa, se trataría de un ingreso extraordinario y no de una fuente permanente de financiamiento.
Por ello los analistas señalan que, la reforma se asemeja más a un paracetamol que a una cura definitiva. Puede aliviar temporalmente la falta de recursos, pero no elimina las causas estructurales que mantienen a la justicia en crisis.
El desafío de fondo continúa siendo mucho más amplio: simplificar procedimientos para reducir la burocracia, disminuir la mora procesal, combatir la corrupción, blindar la independencia judicial frente a presiones políticas y garantizar que jueces y magistrados actúen con solvencia ética.
Sin esos cambios institucionales, cualquier incremento presupuestario corre el riesgo de convertirse en un alivio pasajero sin transformar el servicio de justicia que demanda la ciudadanía.
Por Equipo de redacción
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