La orden de aprehensión, firmada el 27 de julio de 2026 por el fiscal de materia David Torrez Choque, marca un punto de inflexión en la investigación por la presunta adquisición y comercialización irregular de combustible. El documento fue emitido dentro de un proceso iniciado a instancia de YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, y dispone la aprehensión del exministro de Hidrocarburos Sergio Mauricio Medinaceli Monrroy por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tipificados en los artículos 154 y 224 del Código Penal.
La resolución fiscal sostiene que la medida se adopta porque «es necesaria su presencia y existen suficientes indicios de su participación», con fundamento en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Desde el punto de vista jurídico, esta determinación no constituye una declaración de culpabilidad ni una sentencia anticipada, sino una medida procesal destinada a asegurar la comparecencia del investigado para que preste su declaración y continúe el desarrollo de las actuaciones investigativas.
No obstante, el contenido de la orden revela un aspecto de especial relevancia: la investigación ya no se limita a funcionarios operativos o ejecutivos de YPFB, sino que alcanza a quien ejercía la máxima autoridad política del sector de hidrocarburos. En otras palabras, la Fiscalía busca establecer si las presuntas irregularidades fueron consecuencia únicamente de decisiones administrativas o si existió una cadena de responsabilidades que llegó hasta el nivel ministerial.
El documento tampoco señala que Medinaceli hubiera desobedecido una citación previa o que se hubiera negado a comparecer ante el Ministerio Público. La motivación expuesta por el fiscal se limita a señalar la necesidad de su presencia y la existencia de indicios suficientes de participación, por lo que cualquier afirmación sobre una eventual inasistencia voluntaria deberá ser acreditada por la propia Fiscalía.
Con esta orden de aprehensión, el caso adquiere una nueva dimensión jurídica y política. Una vez ejecutada la medida, el exministro deberá prestar su declaración y posteriormente será un juez quien determine si corresponde imponer medidas cautelares, siempre bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. Entretanto, la Fiscalía tendrá la carga de demostrar que los indicios reunidos justifican la vinculación de la exautoridad con los hechos investigados y, eventualmente, sustentar una acusación formal si considera que existen suficientes elementos de prueba.
Por Equipo de redacción
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