El expresidente boliviano Evo Morales afirmó este martes ser víctima de una «brutal guerra jurídica» orquestada por el gobierno de Luis Arce, con la finalidad de entregarlo a Estados Unidos como «trofeo de guerra». Morales denunció que se le imputan falsos delitos sin pruebas, violando los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, con el objetivo de destruirlo política, moral y físicamente. Afirmó que su verdadero «crimen» fue impulsar una Bolivia Plurinacional y expulsar al embajador estadounidense y sus agencias. En paralelo, la Fiscalía de Tarija lo ha imputado por trata de personas agravada, una acusación que Morales y sus aliados políticos califican como un montaje destinado a eliminarlo del escenario político.
El expresidente, visiblemente afectado, manifestó que desde su salida del poder ha sido objeto de una campaña constante de difamación e insultos, ejecutada por un «ejército de fiscales, jueces, policías y militares» que buscan no solo eliminarlo políticamente, sino también físicamente. Morales recordó incidentes previos en los que, según él, hubo intentos de envenenarlo y matarlo. «No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado», dijo, subrayando que su administración logró un país con una economía justa para el pueblo y una inclusión de los siempre excluidos, lo cual, según él, es la verdadera causa de la persecución en su contra.
La Fiscalía Departamental de Tarija, por su parte, ha imputado a Morales por el delito de trata de personas agravada, alegando que proporcionó una dirección falsa en Villa Tunari, lo que impidió su aprehensión. La fiscal Sandra Gutiérrez indicó que la investigación comenzó en septiembre de 2024 y que Morales fue citado a declarar, pero no compareció. Debido a su ausencia y la dirección incorrecta, la Fiscalía tuvo que emitir un edicto para que se presentara. Gutiérrez también destacó que existen riesgos significativos para los funcionarios policiales debido a la resistencia organizada y amenazas en la zona.
En defensa de Morales, el senador Leonardo Loza declaró que el expresidente desconoce la imputación y la orden de aprehensión en su contra porque nunca fue notificado en su domicilio en el Chapare. Loza desafió a las autoridades a demostrar cuándo y dónde se realizó la notificación, sugiriendo que el proceso es una muestra de «miedo político» por parte del gobierno. Además, denunció que en Bolivia no se cumple el debido proceso, argumentando que todo el caso está motivado políticamente para silenciar a Morales y a su movimiento político.
Redacción central y agencias
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