El servicio de transporte conocido como «rapiditos» se ha consolidado como una opción para quienes buscan rapidez en sus desplazamientos interdepartamentales. Sin embargo, esta modalidad, que puede duplicar o incluso triplicar las tarifas de los buses tradicionales (como en la ruta Potosí-Oruro, donde un rapidito cuesta 100 bolivianos frente a los 53 de un bus), parece operar fuera del marco regulatorio establecido por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). La ausencia de un control específico sobre sus tarifas, condiciones de seguridad y calidad del servicio genera preocupación entre los usuarios y evidencia un vacío normativo que afecta la transparencia en el sector del transporte terrestre.
Este escenario plantea desafíos importantes para las autoridades, quienes deben equilibrar la necesidad de ofrecer alternativas de transporte eficientes con la garantía de derechos a los usuarios. Por su parte, los pasajeros, que recurren a los rapiditos principalmente por razones de urgencia, se ven obligados a aceptar las tarifas elevadas y la falta de garantías sobre aspectos como la seguridad vial y la comodidad, lo que resalta la importancia de establecer una regulación que abarque a todos los servicios de transporte interdepartamental.
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