En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha tomado medidas drásticas contra los privilegios de exmandatarios condenados por corrupción. Recientemente, se revocó la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del exvicepresidente Amado Boudou, argumentando que una condena penal es incompatible con el honor y mérito que justifican estos beneficios. Esta decisión ha generado un intenso debate político y legal, pues Fernández de Kirchner ha anunciado acciones judiciales para recuperar sus ingresos, alegando que su condena aún no es firme y que la medida es una represalia política.
En contraste, Bolivia mantiene un esquema de rentas vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes sin considerar su historial judicial o su desempeño en el cargo. Según la Ley 376, promulgada en 2013, los exmandatarios constitucionales reciben un pago mensual equivalente a diez salarios mínimos, independientemente de si enfrentan procesos penales o han sido condenados. Hasta la fecha, figuras como Evo Morales, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé siguen percibiendo este beneficio, mientras que Jorge Quiroga ha renunciado al mismo voluntariamente. Aunque en el Congreso han surgido propuestas para modificar o eliminar esta renta no paso a mayores estando en plena vigencia la Ley señalada.
La diferencia entre ambos países refleja enfoques opuestos sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad de los exgobernantes. Mientras que Argentina busca condicionar estos pagos a la integridad de quienes los reciben, en Bolivia el criterio principal sigue siendo haber ejercido la presidencia de manera constitucional. La falta de mecanismos para revocar la renta en casos de corrupción o delitos contra la administración pública genera cuestionamientos sobre la pertinencia de mantener estos beneficios sin restricciones. Sin embargo, cualquier reforma en este sentido dependerá de la voluntad política de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Redacción central
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